El presidente de la patronal, Juan Manuel de la Riva, acompañado por algunos miembros de su Junta Directiva, ha denunciado hoy, ante la prensa, una situación critica derivada del incumplimiento del compromiso gubernamental de regular, antes de que finalizara el año, las bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social sobre el personal investigador, situación que puede "llevar a algunas empresas a la quiebra, acentuar nuestro desprestigio internacional, provocar el abandono de España por parte de multinacionales con centro de I+D en nuestro país y, desde luego, desembocar en un mayor retroceso de las nada halagüeñas cifras de I+D que arrojan estudios y estadísticas en los últimos años".
Así, AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, reclama al Gobierno la aprobación definitiva de la normativa que regula las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal investigador que se dedique en exclusiva a actividades de I+D+i. y expresa su preocupación de manera unánime, "por la falta de de un marco legal estable en torno a esta normativa" además de denunciar "la situación de incertidumbre y desamparo que están sufriendo las empresas sobre sus actividades de I+D+i". El Gobierno, por su parte, se escuda en un trámite burocrático que se encuentra a caballo entre la Secretaría de Estado de Seguridad Social y la de Innovación para no finalizar el proceso y definir, cláramente, en qué punto se encuentra y qué va a ocurrir.
Según explica la patronal, los continuos anuncios públicos de la aprobación del Real Decreto que debe regular la norma y sus posteriores retrasos "han creado una honda preocupación dentro del tejido empresarial innovador español, al punto de pensar en la posibilidad de que la Administración puede acabar dando la espalda a las organizaciones que tratan de impulsar las actividades de I+D+i en nuestro país" y detallan que acelerar el impulso de esta normativa "supondría un enorme incentivo para las empresas innovadoras y sería, sin duda, una medida de gran impacto económico en los presupuestos de las organizaciones que apuestan por la I+D+i".
Una promesa de 2006
En 2006, gobierno de Zapatero, mediante la Ley 35/2006 del 28 Noviembre, estableció un incentivo no tributario incompatible con las deducciones fiscales por I+D+i, consistente en la bonificación en la cotización a la Seguridad Social del personal que desarrolle en exclusiva actividades de I+D+i. Posteriormente, el RD 278/2007 del 23 de Febrero, desarrollaba la ley anterior y establecía los procedimientos concretos para aplicarse tales abonos, que según el citado RD consistían en el 40% de las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social respecto al personal investigador. En Julio 2012, con la llegada de los recortes y mediante el Real Decreto Ley 20/2012 del 14 de Julio, se derogó toda normativa en relación a las bonificaciones de los costes de la Seguridad Social, por lo que todas las empresas, que ya habían realizado los planes de inversión en I+D para el año contando con ello, se vieron con un coste extra no previsto en presupuestos durante la segunda parte de 2012, y sin posibilidad de reacción para poder utilizar el otro instrumento de deducción fiscal por proyecto de I+D+i.
La situación parecía que se iba a corregir al aprobarse la recuperación del incentivo en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Además, según su Disposición Adicional Septuagésima Novena (Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a favor de personal investigador), se hacía compatible, dicho incentivo, con la desgravación fiscal por proyectos de I+D+i en el impuesto de sociedades. Sin embargo, se dejaba la concreción de esta medida al desarrollo reglamentario en un posterior Real Decreto que a día de hoy se encuentra en desarrollo reglamentario. A falta de dos meses para terminar el año y "después de haber llamado a todas las puertas del Gobierno y haber recibido sólo silencio o buenas palabras" la patronal ha decidido denunciar "una falta de coherencia en la actitud".
A este respecto hay que tener en cuenta que en España la inversión privada en I+D+i del sector TIC supone el 20% de la total del país y que ya entre 2008 a 2012 las actividades innovadoras se redujeron un 46% y la I+D un 36%. "El problema fundamental -concluyó De la Riva- es que un país necesita I+D para ser más competitivo y a las empresas que aportan valor les han hecho unas promesas que ellas han contemplado pero que no se han cumplido y que afecta tanto a PyMEs como a grandes multinacionales que podrían buscar mejores opciones en otros países de Europa".
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