Hace ya varios años que la factura electrónica se ha colocado como un elemento tecnológico prioritario en la Agenda Digital Europea como herramienta tractora y facilitadora de las relaciones comerciales internas entre los distintos países de la Unión Europea.
A partir de ahora, todos los países y administraciones que no se han adaptado a la factura electrónica se enfrenan a sanciones por parte de la Comisión Europea. Y es que ya el 18 de abril de 2019 se terminó el plazo para las Administraciones centrales y el pasado 18 de abril de este 2020 concluyó la prórroga aprobada para las administraciones autonómicas y locales.
El pasado 18 de abril de este 2020 concluyó la prórroga aprobada para que las administraciones autonómicas y locales implantasen la factura electrónica
Dentro del impulso para implantar esta factura, se aprobó una directiva en el Parlamento Europeo y del consejo que establecía la obligación de facturar electrónicamente a Autoridades Centrales de los Estados miembros y una prórroga de un año para la adopción de las e-factura por parte de las entidades locales y regionales, por lo que, en cumplimiento de esta directiva, todos los organismos públicos de los Estados miembros deberían operar con factura electrónica, explican desde la Fundación SERES.
El año 2019 fue un punto de inflexión en la implantación de la factura electrónica ya que todos los países de la UE deben utilizar el un formato común (EN 16931) en las facturas electrónicas de las contrataciones públicas, pero esta adopción no ha sido sencilla y en muchos países se ha aprovechado esta prórroga.
En países como Bulgaria, no existe ninguna legislación vigente que transponga esta directiva y Grecia ha anunciado que pospondrá la implementación de la factura electrónica. Ante esto, la Comisión Europea impondrá una serie de sanciones por incumplimiento.
España y la factura electrónica
Gracias a la normativa, "tanto el Sector Público como el privado disfrutan hoy de las múltiples ventajas que ofrece la factura electrónica"
En cuanto a España, la realidad es que se tarta de uno de los países líderes en administración electrónica, por ello, el Gobierno español decidió impulsar el uso de la factura electrónica en el país, a través de un modelo que empujara a todas las AAPP a la transformación digital, para asegurar la uniformidad en los servicios proporcionados a los ciudadanos.
Desde el 15 de enero de 2015, todas las AAPP están obligadas a recibir y procesar facturas electrónicas con importes superiores a 5.000 euros, después de que a finales de 2013 se aprobase una ley que suponía el impulso del nuevo modelo de facturación en el tejido empresarial español.
Esta iniciativa ha permitido que España se encuentre “entre los países europeos líderes en administración electrónica y, gracias a ella, tanto el Sector Público como el privado disfrutan hoy de las múltiples ventajas que ofrece la factura electrónica” ha señalado Alberto Redondo, director de Marketing & Mass Market para Iberia y LATAM de SERES.
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