El convenio cerrado por ambas partes fija como objetivos la verificación del grado de adecuación del Ayuntamiento a las medidas y controles que especifican que el Reglamento General de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGSS), así como su normativa de desarrollo, identificando deficiencias y proponiendo medidas correctoras o complementarias necesarias, según los protocolos marcados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
También se exige en el contrato que se constate si los tratamientos dados de alta en el Registro de Actividades del consistorio madrileño cumplen lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD, además de establecer una metodología para la implantación de ambas normas y para la realización de análisis de riesgos y evaluación de impacto de protección de datos.
Como paso previo al inicio del proyecto, la consultora tecnológica Altia realizó un análisis preliminar de todos los tratamientos de datos llevados a cabo por el consistorio de la capital española y ha establecido una metodología para implantar técnicas de riesgo y evaluaciones de impacto, mediante los pilotos que prevé el RGPD, el Esquema Nacional de Seguridad y otras recomendaciones de la AEPD.
El proyecto se ha dividido en dos fases de 30 días y ha tenido una duración total de 12 semanas.
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