Todo comenzó cuando un ciudadano español denunció a Google ante el Tribunal Europeo por aparecer en su buscador como deudor relacionado con un embargo de bienes que se le practicó hace 15 años. La noticia publicada en La Vanguardia ya no era relevante y estaba totalmente desactualizada por lo que el perjudicado decidió denunciar.
El formulario para la solicitud fue puesto en manos de los usuarios el 30 de mayo y desde entonces es un goteo sin fin de reclamaciones. Durante las primeras horas se contabilizaron más de 12,000 peticiones. Tanto es la carga de trabajo que Google está planteándose seriamente aumentar su plantilla o externalizar el servicio, afirmaba The Wall Street Journal.
Google también ha creado un comité de expertos para que le recomienden sobre derecho de la privacidad online de los usuarios. Entre ellos está Jimmy Walles, co-fundador de Wikipedia. “Yo creo que nuestra tarea no es sólo recomendar a Google como actuar sino también transmitir al público y a los legisladores y políticos que este marco es muy complejo y nada fácil de regular”, sentenciaba Walles. Se espera que el comité de expertos tenga sus consejos preparados para 2015.
Y es que desde que el Comité Europeo de libertades civiles se reunió en octubre del 2013 para reforzar las leyes de protección de datos por primera vez desde 1995 estos errores se pagan caros. Entre otras imposiciones el Comité aboga por multar a las compañías que vulneren este derecho con multas que van desde el cobro del 5% de su beneficio total a el pago de 100 millones de euros.
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