Febrero 2013
4 de diciembre de 2020, 8:29:55
Noticias Tecnología


Apple ha sido denunciado por FACUA debido a un fallo en los Macbook Pro

Por Redacción

FACUA ha decidido denunciar a la filial española de Apple por un fallo de diseño en los Macbook Pro que obliga a gastar más de 500 euros en su reparación.


Este error de diseño hace que los modelos posteriores a 2016 tengan un cable de conexión con la pantalla que, al pasar por las bisagras que la unen con el resto del equipo, sufre un desgaste cada vez que se abre o se cierra el dispositivo. Al final, podrá romperse fácilmente.

De acuerdo con la propia compañía, la sustitución del cable, que costaría unos cinco euros más o menos, resulta imposible por la manera en que está conectado. Así, habría que cambiar toda la pantalla del equipo para poder emplazar un cable nuevo, lo que eleva el coste de reparación en más de 500 euros.

Por su parte, FACUA considera que Apple podría estar incurriendo en un caso de práctica comercial desleal, ya que al existir este fallo en el diseño de los Macbook Pro, la empresa, por un lado, obtiene beneficios de la venta y, por otro lado, de reparación.

Así, la asociación recuerda que la Ley de Competencia Desleal entiende "leal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios", entra las que incluye "la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación".

De igual forma, la Ley 11/1988 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede social Apple Retail Spain SL, considera infracciones "las prácticas comerciales desleales con los consumidores de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable".

Además, FACUA añade que dicha conducta podría suponer una grave lesión al interés económico de los consumidores debido al alto precio de la reparación y considera que la infracción podría llegar a ser considerada como muy grave y, tal y como recoge el artículo 53.1 de la Ley 11/1988, la sanción está establecida en hasta 600.000 euros, pudiendo superar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos objeto de la infracción.

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