En concreto, el informe señala que durante ese ejercicio en cuestión -en que la entidad estaba presidida por Reinaldo Rodríguez Illera- los gastos de representación de los consejeros y de algunos miembros del personal de la CMT no se justificaron debidamente y que "no se ha podido comprobar en todos los casos el cumplimiento del límite máximo individual autorizado por el Consejo, debido a que algunos de estos gastos fueron contabilizados en otros conceptos distintos, así como a que en dicha partida se registraban importes que no tenían la finalidad de representación ante terceros".
Otro episodio es el que tiene que ver con el discutido traslado de la CMT a Barcelona a finales de 2005, ya que
"el inmueble de la antigua sede de la CMT fue entregado a la Administración General a cambio de una aportación económica que, a falta del informe de tasación previsto, no estaba debidamente cuantificado".
Asimismo, el inventario del mismo año presenta "significativas deficiencias" en su contenido, al no haberse actualizado tras el cambio de sede los elementos trasladados, ni haber efectuado un recuento físico a su recepción.
Eludieron los pagos al Tesoro Público
Por otra parte y siempre según el Tribunal de Cuentas, la CMT no efectúo los obligados ingresos mensuales en el Tesoro Público de los importes recaudados por las tasas por numeración telefónica durante el último trimestre del año y recalca el TC que el organismo regulador no realizó comprobaciones sobre los ingresos brutos de explotación declarados por los operadores -pese a tener atribuida dicha competencia- además de otras dejaciones.