La decisión del Senado cierra una brecha histórica en la función pública, donde los graduados e ingenieros técnicos, a pesar de tener su titulación equiparada al nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), no podían acceder a los puestos reservados para el grupo A1. Esta exclusión contradecía el Real Decreto 967/2014 y representaba una devaluación injustificada de su grado universitario, colocándolos en desventaja frente a otros profesionales con titulaciones de grado que sí podían acceder a Cuerpos del Estado específicos con nivel A1.
Luis Miguel Chapinal, decano de COITT, ha explicado que “este reconocimiento supone un logro justo para los graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación y un avance para todo el sistema público español. La modernización del Estado pasa por reconocer el talento y la formación de quienes diseñan, mantienen y hacen evolucionar nuestras infraestructuras críticas. El acceso al grupo A1 rompe con décadas de anacronismo administrativo y da un paso firme hacia una Administración más eficiente, alineada con Europa, basada en el mérito profesional y con visión de futuro”.
La moción aprobada insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas necesarias para actualizar el sistema de clasificación profesional del personal funcionario, adaptándolo a la realidad académica y profesional vigente desde hace más de una década. Esta iniciativa impacta directamente a más de 500,000 profesionales en España, formados con altos estándares europeos, quienes ahora podrán acceder a nuevas oportunidades laborales y responsabilidades dentro del sector público.
Desde COITT y AEGITT se hace un llamado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que ejecute con urgencia esta moción, dejando atrás normativas obsoletas que obstaculizan el desarrollo de la ingeniería.
Además, COITT y AEGITT subrayan la necesidad urgente de promover la Ley de Ingeniería, que aportaría confianza y transparencia al sector, eliminando las desigualdades normativas entre titulaciones de igual rango académico. Esta ley debe erradicar las disposiciones legales que generan confusión, perpetúan la discriminación de la ingeniería técnica y obstaculizan el crecimiento y modernización del país.