Según la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets), recientemente aprobada por la Unión Europea, se han establecido diversas medidas para proteger a los inversores. Estas incluyen reglas sobre la custodia de activos de los clientes y requisitos para la gestión de reclamaciones. Sin embargo, la ESMA señala que algunas plataformas de servicios de criptoactivos (CASPs) combinan productos regulados y no regulados dentro del mismo espacio, lo cual genera confusión entre los consumidores y puede poner en peligro su seguridad financiera.
En concreto, el organismo denuncia que algunas CASPs podrían estar utilizando su estatus regulado como una herramienta de marketing, promoviendo una falsa percepción de seguridad sobre productos que, en realidad, no están cubiertos por la protección que ofrece MiCA. Por este motivo, la ESMA advierte que ninguna empresa debe emplear su licencia como argumento promocional, ni insinuar que servicios no regulados están bajo el paraguas normativo europeo.
Esta postura se alinea con las preocupaciones internacionales sobre los riesgos que enfrentan los inversores en criptoactivos. Cabe recordar que el colapso de plataformas como FTX en 2022 dejó a millones de personas sin acceso a sus fondos, aumentando la presión regulatoria sobre el sector.
En este contexto, la ESMA también ha publicado nuevas directrices sobre los conocimientos y competencias que debe tener el personal encargado de evaluar a las empresas del ámbito cripto. Estas medidas buscan reforzar la supervisión y profesionalización del sector en toda la UE.
Además, el organismo europeo compartió los resultados de una revisión sobre el proceso de concesión de licencias en Malta. Aunque reconoció que la Autoridad de Servicios Financieros del país cuenta con recursos y conocimientos suficientes, concluyó que su procedimiento de autorización solo cumplía parcialmente con los estándares esperados. Por su parte, el regulador maltés defendió su papel como pionero en la regulación de activos digitales, sin entrar en los detalles críticos del informe.
Todo esto ocurre en un momento en que varios reguladores europeos han expresado inquietud por la rapidez con la que algunos Estados miembros están otorgando licencias a empresas del sector cripto.
