La medida responde a la baja ejecución de estos proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, lo que pone en riesgo más de 1.100 millones de euros comprometidos.
El Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, ha conseguido así una prórroga clave: los programas Unico Backhaul, Unico Redes Activas y Unico Banda Ancha podrán completarse hasta casi finales de mayo de 2026, aunque la fecha límite oficial fijada por Bruselas es el 30 de junio de ese año. Esta extensión busca evitar la devolución de fondos a la Unión Europea por incumplimiento de plazos.
El programa Unico Backhaul, adjudicado en julio de 2023, tenía como objetivo conectar mediante fibra óptica los emplazamientos radioeléctricos en áreas rurales, sustituyendo enlaces de microondas. Esta actualización es esencial para garantizar capacidad y velocidad adecuadas en los despliegues de 5G.
Dotado con 448 millones de euros, fue adjudicado principalmente a Lyntia Networks (142 millones), Avatel (132 millones), Adamo (82 millones) y Telefónica (73,5 millones). Sin embargo, a pesar de su importancia técnica y de haber sido el primero en arrancar, es el que presenta un menor grado de ejecución. Obstáculos administrativos, especialmente la obtención de permisos locales, han ralentizado los avances, lo que pone en riesgo una parte significativa del presupuesto que podría quedar sin ejecutar si no se aprovecha esta prórroga.
En mejor situación se encuentra el programa Unico Redes Activas, centrado en el despliegue de redes de 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes. Adjudicado en dos fases, 508 millones en julio de 2024 y 163 millones adicionales en diciembre, suma un total de 671 millones de euros.
A diferencia del Backhaul, este programa ha progresado con mayor agilidad debido a que la infraestructura base ya existía: de las 7.730 torres previstas para instalar equipos 5G, solo 174 son nuevas. Movistar, MasOrange y Vodafone, los adjudicatarios, están reutilizando emplazamientos ya operativos para tecnologías como el 4G, lo que reduce la dependencia de trámites burocráticos.
Además, los tres operadores acordaron a principios de 2024 compartir sus frecuencias de 700 MHz. Esta medida permite a cada compañía utilizar un espectro total de 60 MHz, en lugar de los 20 MHz disponibles individualmente, lo que mejora la velocidad de conexión hasta superar los 100 Mbps, frente a los 40 Mbps posibles en solitario. Se espera que este despliegue beneficie a 1,8 millones de habitantes en zonas de baja densidad de población.
El tercer programa, Unico Banda Ancha, es el más modesto en términos presupuestarios, pero fundamental para llevar fibra óptica FTTH a núcleos poblacionales de difícil acceso. Adjudicado en diciembre de 2024, cuenta con 24,5 millones de euros distribuidos entre seis operadores en 38 provincias, con el objetivo de dar cobertura a 15.000 hogares y empresas.
Su ejecución también ha sido lenta, principalmente porque se dirige a localidades muy dispersas y alejadas, donde la instalación de infraestructura implica atravesar numerosos municipios y gestionar múltiples autorizaciones. Este programa continúa la línea de iniciativas anteriores como los antiguos planes PEBA, aunque con una escala más reducida y focalizada en los últimos reductos sin cobertura.
La ampliación de plazos lograda por el Gobierno ante Bruselas alivia la presión sobre operadores y empresas adjudicatarias, pero no elimina el reto. El Ministerio deberá recibir y procesar todas las certificaciones de ejecución antes de junio de 2026, lo que obliga a intensificar el ritmo de despliegue en los próximos meses.