El Gobierno español ultima un nuevo marco regulatorio que impondrá a los operadores de telecomunicaciones la instalación de sistemas de respaldo energético para asegurar la continuidad de los servicios esenciales en situaciones de emergencia.
La propuesta avanza por Bloomberg, que se publicará para consulta pública en los próximos días, surge como respuesta directa al apagón del pasado 28 de abril, cuando un fallo en la red eléctrica provocó la caída de las comunicaciones móviles en gran parte de la península.
La iniciativa contempla requisitos inéditos en el sector español. Según el borrador, las infraestructuras digitales críticas deberán estar preparadas para operar hasta 24 horas sin suministro eléctrico, mientras que las redes móviles deberán garantizar al menos cuatro horas de servicio para el 85% de la población mediante sistemas propios de generación de energía.
El incidente que dejó temporalmente inoperativas las redes móviles evidenció la dependencia del país de un sistema eléctrico vulnerable a fallos inesperados. En este sentido, el Ejecutivo busca reforzar el nivel de resiliencia de operadores como Telefónica, MasOrange, Digi y Cellnex, así como de infraestructuras de alto impacto, incluidas estaciones base, cables submarinos, centros de datos y puntos neutros de interconexión con más de 500.000 usuarios o más de 50 millones de euros en ingresos.
La regulación, previsiblemente articulada mediante Real Decreto, no requerirá aprobación parlamentaria. No obstante, plantea cuestiones pendientes de resolver como quién asumirá el coste de instalar y mantener los nuevos sistemas de respaldo y qué impacto tendrá en un sector que ya afronta fuertes tensiones por inversión en red y renovación tecnológica.
Las primeras reacciones apuntan a un debate abierto entre empresas y Gobierno. Cellnex, operador europeo líder en infraestructuras móviles, considera que el refuerzo energético forma parte de la seguridad nacional y, como tal, debería contar con financiación pública. Su consejero delegado, Marco Patuano, avanza que la industria acaba de iniciar “un camino que requerirá recursos significativos”.
El borrador no especifica la cuantía de las inversiones ni los plazos de despliegue, pero el impacto podría ser notable: España cuenta con decenas de miles de torres móviles, numerosos nodos críticos y una red de cables submarinos clave para el tráfico internacional de datos.
Por su parte, Telefónica ha acogido positivamente la consulta pública afirmando que “la seguridad y la continuidad de los servicios son prioridades” y que ya trabaja en el refuerzo de sus planes de resiliencia. Además, la teleco se ha mostrado dispuesta a contribuir al nuevo marco regulatorio “tan pronto como sea posible”.
La postura de la teleco sugiere que el sector asume que la normativa puede ser exigente, pero considera imprescindible reforzar la capacidad de respuesta ante interrupciones masivas, especialmente en un contexto en el que los servicios digitales sustentan cada vez más actividades económicas, administrativas y sociales.