El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado una consulta pública para definir cómo se llevará a cabo el apagado progresivo de las redes móviles 2G y 3G en España.
El proceso, que afecta de lleno al ecosistema de las telecomunicaciones, busca preparar el terreno para una transición ordenada hacia tecnologías más eficientes como 4G y 5G, garantizando al mismo tiempo la protección de los usuarios y la continuidad de servicios críticos.
La consulta pretende recabar información y propuestas de los operadores, administraciones públicas, empresas y otros agentes implicados en un cambio tecnológico que se considera inevitable. Las redes 2G y 3G, desplegadas hace más de dos décadas, se encuentran al final de su ciclo de vida y su mantenimiento supone costes elevados, un mayor consumo energético y limitaciones en términos de capacidad y seguridad frente a las generaciones actuales.
Desde el punto de vista técnico, el apagado de 2G y 3G permitirá liberar espectro radioeléctrico, principalmente en las bandas de 900 y 2100 MHz. Estas frecuencias podrán reutilizarse para reforzar las redes 4G y 5G, mejorando la cobertura, la capacidad y la eficiencia energética de las infraestructuras móviles. En un contexto de creciente demanda de datos, servicios digitales y aplicaciones conectadas, esta reasignación de recursos resulta estratégica para el desarrollo de la economía digital y la competitividad del país.
El Ministerio plantea que la información recogida servirá para definir calendarios de apagado diferenciados por operador y tecnología, así como planes de migración para servicios y dispositivos que todavía dependen de 2G y 3G. Asimismo, se contemplan indicadores de seguimiento que permitan monitorizar el proceso y asegurar que no se produzcan interrupciones en servicios esenciales, como el acceso al número de emergencias 112.
Uno de los ejes centrales de la consulta pública es la protección del usuario. El Gobierno quiere evitar que el apagado de estas redes genere exclusión digital o problemas de acceso a servicios básicos. Por este motivo, el documento pregunta de forma específica por las estrategias de comunicación que deberán desplegar los operadores: plazos de preaviso, canales de información, mensajes tipo, campañas de sensibilización y refuerzo de la atención al cliente.
La consulta también pone el foco en dispositivos y servicios críticos que todavía utilizan tecnologías antiguas, como sistemas eCall en vehículos, alarmas, ascensores, dispositivos de geolocalización o soluciones de teleasistencia. De igual modo, se presta especial atención a colectivos vulnerables, entre ellos personas mayores, personas con discapacidad, usuarios con barreras idiomáticas y habitantes de zonas rurales, donde la sustitución de dispositivos puede resultar más compleja.
Para garantizar una transición ordenada, el Ministerio prevé la creación de un grupo de trabajo de seguimiento en el que participen operadores de telecomunicaciones, organismos sectoriales y administraciones públicas. Este órgano permitirá coordinar decisiones, compartir información y anticipar posibles incidencias durante el proceso de apagado. La experiencia de otros países europeos, que ya se encuentran inmersos en procesos similares, servirá como referencia para evitar errores y acelerar la adaptación del mercado.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2026 en la web del ministerio. A partir de las aportaciones recibidas, el Gobierno definirá las líneas maestras del proceso y los compromisos que deberán asumir los distintos actores implicados.