Esta decisión representa el avance clave en una operación estratégica dentro del sector de las telecomunicaciones, ya que permite a la multinacional francesa consolidar el control total sobre la compañía resultante de la fusión con MásMóvil.
La autorización se ha producido en aplicación de la normativa sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos, conocida como ley antiopas. Este marco legal, aprobado durante la pandemia y prorrogado hasta diciembre de 2026, establece un sistema de supervisión para evitar riesgos en ámbitos considerados críticos, como las infraestructuras de telecomunicaciones. En este caso, el Ejecutivo ha determinado que la operación no supone una amenaza para la seguridad nacional.
El visto bueno del Consejo de Ministros permite a Orange ejecutar la compra de la participación controlada por los fondos Providence, Cinven y KKR, agrupados en el vehículo inversor Lorca. La transacción está valorada en 4.250 millones de euros, a los que se suman 50 millones adicionales en concepto de dividendos devengados.
Con esta autorización, la operación entra en su fase final, tras superar uno de los principales requisitos regulatorios a nivel nacional. El objetivo de Orange es integrar plenamente los activos de MásOrange dentro de su estructura global, lo que facilitará la consolidación de resultados y la optimización de su estrategia en el mercado español.
El proceso ya contaba con el aval de la Comisión Europea, que aprobó la operación el pasado 10 de abril a través de la Dirección General de Competencia. El análisis se resolvió en Fase 1, lo que indica un impacto limitado sobre la competencia en el mercado. En este sentido, Bruselas concluyó que la cuota de mercado de la entidad resultante no supera el 30%, lo que descarta riesgos significativos para el equilibrio del sector. Asimismo, la autorización llegó antes del plazo máximo previsto, lo que ha contribuido a acelerar el calendario de la operación.
Este respaldo comunitario, combinado con la aprobación del Gobierno español, sitúa la operación en una fase avanzada, pendiente únicamente de un último trámite técnico a nivel europeo.
El único paso pendiente corresponde al análisis bajo el Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR). Este mecanismo tiene como finalidad comprobar que las empresas implicadas no se benefician de ayudas públicas externas que puedan distorsionar la competencia en el mercado comunitario.
En este caso, el examen se centra en la estructura de capital de los vendedores, debido a la presencia de fondos internacionales en el accionariado de Lorca. No obstante, fuentes comunitarias consideran este procedimiento como un trámite de bajo riesgo y prevén una resolución en un plazo breve, antes de mediados de mayo. Una vez superado este requisito, Orange podrá completar la adquisición y formalizar el control total de MásOrange.
Desde el punto de vista operativo, la autorización no implica cambios inmediatos en la gestión de la compañía. El acuerdo mantiene a Meinrad Spenger como consejero delegado de MásOrange, y además pasará a formar parte del comité ejecutivo global de Orange, lo que refuerza el peso de la filial española dentro de la multinacional.