La decisión afecta a operadores como MTN Cameroon, Orange Cameroon y Camtel, y supone un paso más en la estrategia del Gobierno para combatir el contrabando y recuperar ingresos fiscales perdidos durante años. Además, la iniciativa introduce un modelo poco habitual: utilizar las infraestructuras de telecomunicaciones como mecanismo de verificación y cumplimiento tributario.
La medida se aplica oficialmente desde hoy 25 de mayo y tiene su origen en una ley aprobada en 2023 que estableció un sistema digital para registrar dispositivos importados. Para ello, apuesta por el número IMEI (International Mobile Equipment Identity), el identificador único que incorpora cada teléfono móvil y dispositivo conectado.
A través de la plataforma CAMCIS (Cameroon Customs Information System), las autoridades cruzan información de importaciones, pagos aduaneros y datos de activación en red. Cuando un dispositivo intenta conectarse a un operador local, el sistema verifica automáticamente si ese IMEI figura en la base de datos aduanera. Si el dispositivo no aparece registrado o no ha pagado los aranceles correspondientes, puede perder acceso a la red móvil.
La responsabilidad también llega a las compañías de telecomunicaciones. Según la directiva emitida por el director general de Aduanas, Fongod Edwin Nuvaga, los operadores se enfrentan a sanciones si permiten conexiones de dispositivos que incumplan los requisitos establecidos. El Gobierno de Camerún considera que esta integración entre telecomunicaciones y aduanas permitirá reforzar el control sobre un mercado especialmente afectado por importaciones no declaradas.
Las cifras explican la urgencia de la medida. Entre el 1 y el 25 de abril de 2026, cerca de 700.000 teléfonos móviles se conectaron por primera vez a las redes locales sin haber completado el proceso aduanero, según datos oficiales del Ministerio de Finanzas.
Las autoridades habían concedido inicialmente un periodo de regularización sin sanciones hasta finales de abril. Sin embargo, una vez concluido ese margen temporal, comenzó la fase de aplicación obligatoria.
Los primeros resultados muestran un incremento de la recaudación. Más de 51.000 dispositivos se registraron durante las primeras semanas de funcionamiento del sistema, con ingresos próximos a los 354.000 dólares.
Además, el Gobierno calcula que el nuevo modelo permitirá elevar los ingresos anuales procedentes de este mercado hasta los 25.000 millones de francos CFA (unos 37 millones de euros), frente a niveles muy inferiores registrados en años anteriores. Según datos oficiales, los ingresos mensuales derivados de importaciones de teléfonos y equipos digitales pasaron de cerca de 2.000 millones de francos CFA (3 millones de euros) en la década de los 2000 a apenas 100 millones (unos 150.000 euros) en los últimos años.
El sistema no afecta a todos los usuarios por igual. Los dispositivos que funcionen bajo roaming internacional quedan expresamente exentos. Esto significa que un visitante o turista puede utilizar su teléfono normalmente mientras mantenga activa una tarjeta SIM extranjera.
Sin embargo, el problema aparece cuando ese mismo usuario decide adquirir una tarjeta local para reducir costes de conexión. En ese momento, el teléfono deja de operar en modo roaming y pasa a registrarse como un dispositivo local. Si el IMEI no aparece en la plataforma aduanera, el sistema podría bloquear la conexión.
Asimismo, si optas por una eSIM que hace roaming, como las empleadas por plataformas como Holafly y eSIM Flag, entre otras, el sistema te conecta a una red local como visitante mediante un acuerdo de roaming con un operador extranjero, por lo que estarías cubierto por la exención de roaming ya que el terminal aparecería en la red como un equipo en roaming, al igual que si empleas una SIM de casa.
Por otra parte, el nuevo modelo también introduce incertidumbre para los consumidores locales, ya que un comprador podría adquirir un dispositivo aparentemente legítimo en el mercado y descubrir posteriormente que nunca fue declarado por el importador original. En ese escenario, el usuario final podría verse obligado a asumir el pago de los aranceles pendientes para recuperar la conectividad.