La norma establecerá nuevas obligaciones para los operadores con el objetivo de garantizar la continuidad de las comunicaciones ante incidencias graves como una caída del suministro eléctrico. Entre las principales novedades figura la obligación de mantener la cobertura móvil durante cuatro horas para una parte mayoritaria de la población mediante sistemas de respaldo energético instalados en las estaciones base.
Según ha explicado el ministro, el Real Decreto obligará a los operadores a disponer de baterías capaces de mantener el servicio móvil durante al menos cuatro horas en caso de apagón para el 75% de la población española. No obstante, la implantación se realizará de forma progresiva para facilitar el esfuerzo inversor del sector.
Durante el primer año de vigencia de la norma la obligación alcanzará al 50% de la población; en el segundo ejercicio se ampliará hasta el 65%; y finalmente llegará al 75% en el tercer año
Así, durante el primer año de vigencia de la norma la obligación alcanzará al 50% de la población; en el segundo ejercicio se ampliará hasta el 65%; y finalmente llegará al 75% en el tercer año. En palabras de Óscar López, se trata de "un nuevo derecho digital" que permitirá a los operadores implantar "gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones".
Además de las estaciones base, el Real Decreto también incrementará las exigencias para el resto de infraestructuras críticas de las redes de comunicaciones.
Las instalaciones consideradas de nivel intermedio, como determinados centros de gestión cuya caída podría afectar a varias comunidades autónomas, deberán garantizar una autonomía mínima de doce horas sin suministro eléctrico. Por su parte, las instalaciones esenciales de primer nivel, entre las que figuran los centros de control desde donde se gestiona la inteligencia centralizada de las redes nacionales, tendrán que permanecer operativas durante al menos veinticuatro horas.
Asimismo, la futura regulación incorpora medidas específicas para reforzar la continuidad de los servicios de emergencia. Los operadores que proporcionan conectividad a los centros 112 deberán elaborar por primera vez Planes de Seguridad y Resiliencia, además de disponer de mecanismos de redundancia que permitan mantener las comunicaciones incluso cuando una red o una tecnología concreta presente incidencias. Entre las alternativas contempladas figura la utilización de varios operadores o la combinación simultánea de redes fijas y móviles.
La norma afectará a los operadores de telecomunicaciones, pero también a determinados operadores de infraestructuras digitales, incluidos centros de datos, sistemas satelitales, cables submarinos y puntos de intercambio de Internet que superen determinados umbrales de actividad, además de los operadores críticos o aquellos que prestan servicios de emergencia. Las redes vinculadas a Seguridad Nacional y Defensa quedarán excluidas de este ámbito de aplicación.
Durante su intervención, Óscar López ha enmarcado esta iniciativa dentro de la estrategia del Gobierno para reforzar la soberanía tecnológica del país. El ministro ha recordado las inversiones realizadas en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, deep-tech, supercomputación y fábricas de IA, además de la candidatura española para albergar una gigafactoría europea de inteligencia artificial.
En este sentido, ha defendido que la transformación digital impulsada durante los últimos años responde a un objetivo común. "Una soberanía que es políticamente obligatoria, socialmente necesaria y empresarialmente útil", ha afirmado. Asimismo, ha subrayado que el desarrollo tecnológico debe traducirse en beneficios directos para la ciudadanía, al asegurar que "todos podemos ganar con la transformación digital", aunque "quiénes deben ganar primero, las personas".