A partir de este domingo, la Comisión Europea contará con nuevas competencias para investigar a compañías como OpenAI, Anthropic, Google o la china DeepSeek, exigirles información técnica, evaluar los riesgos de sus modelos e imponer sanciones económicas o incluso ordenar su retirada del mercado comunitario si incumplen la normativa.
La puesta en marcha de este nuevo marco regulatorio convierte a Bruselas en la primera gran administración del mundo con un sistema permanente de supervisión sobre la inteligencia artificial de frontera, una categoría que engloba a los modelos más avanzados disponibles actualmente.
El despliegue de estas competencias coincide con la ampliación de la Oficina Europea de IA, creada hace dos años dentro de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG Connect). La Comisión ha incorporado 38 nuevos profesionales para reforzar el organismo y, además, ya ha iniciado un nuevo proceso de contratación para aumentar todavía más su plantilla durante 2027. En la actualidad, las dos unidades responsables de la regulación y la supervisión de riesgos suman 71 trabajadores, aunque Bruselas prevé incorporar alrededor de 40 nuevos especialistas el próximo año.
Este equipo será el encargado de controlar el comportamiento de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial, tanto estadounidenses como chinos, entre ellos OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek o Moonshot, con el objetivo de verificar que cumplen las obligaciones establecidas por la legislación europea y a las que la Comisión podrá solicitar documentación técnica, acceder a determinados modelos durante las investigaciones e incluso entrevistar al personal de las compañías cuando lo considere necesario.
La entrada en vigor de esta nueva fase del AI Act incorpora nuevas exigencias para los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general. Entre otras obligaciones, las empresas deberán documentar información técnica sobre sus sistemas y adoptar medidas para evaluar y mitigar los denominados riesgos sistémicos antes de poner nuevos modelos en el mercado europeo.
Bruselas dispone de herramientas para exigir a las empresas que utilicen "el estado del arte" en la evaluación de riesgos
En este contexto, el responsable de la unidad de seguridad de la Oficina de IA, Matthieu Delescluse, ha defendido que Bruselas dispone de herramientas para exigir a las empresas que utilicen "el estado del arte" en la evaluación de riesgos. Asimismo, ha advertido de que, cuando resulte necesario, la Comisión podrá solicitar formalmente información adicional, acceder a los modelos e imponer medidas correctoras y sanciones.
La Comisión identifica cuatro grandes categorías de riesgos especialmente sensibles: la utilización de la inteligencia artificial para facilitar ataques químicos, biológicos, radiológicos o nucleares; la pérdida de control sobre un modelo; el uso de la IA para lanzar ciberataques y la manipulación masiva de la sociedad o de derechos fundamentales.
Asimismo, el Ejecutivo comunitario vigilará otros contenidos prohibidos o especialmente sensibles, como la generación de material sexualmente explícito, imágenes y vídeos falsificados o amenazas dirigidas contra infraestructuras críticas. En paralelo, las empresas deberán identificar mediante etiquetas o marcas digitales los contenidos generados por inteligencia artificial para que los usuarios puedan distinguirlos de los contenidos creados por personas.
La nueva normativa dota a la Comisión Europea de un amplio abanico de herramientas de supervisión. Si detecta indicios sólidos de que un modelo presenta riesgos sistémicos o de que una empresa incumple sus obligaciones, podrá exigir medidas correctoras, restringir el acceso al mercado europeo o incluso ordenar la retirada del sistema.
Además, el AI Act contempla sanciones económicas cuando las compañías no faciliten la información solicitada, impidan el acceso a sus modelos o incumplan las medidas impuestas por Bruselas. Las multas podrán alcanzar los 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual global de la empresa, según la gravedad de la infracción.
Para facilitar la aplicación de la normativa, la Comisión también ha puesto en marcha un canal confidencial para denunciantes (Whistleblower Tool) destinado a trabajadores del sector tecnológico y una herramienta de cumplimiento (Compliance Tool) que permitirá a usuarios y organizaciones comunicar posibles incumplimientos.