La actuación afecta al ecosistema tecnológico que utiliza el organismo tanto para su funcionamiento interno como para prestar servicios electrónicos a ciudadanos y empresas. Para ello, dividirá el contrato en cuatro lotes y tendrá una duración inicial de 24 meses. Además, contempla la posibilidad de aplicar prórrogas anuales durante un máximo de otros dos años, por lo que los servicios contratados podrían extenderse durante cuatro años con un valor estimado que asciende a 17.873.539,08 euros.
La contratación responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento, actualización y evolución de las aplicaciones sobre las que se apoya la actividad de la OEPM. De este modo, el contrato deberá cubrir tanto los sistemas utilizados dentro del organismo como aquellos que permiten ofrecer servicios digitales a usuarios externos.
De este modo, el proyecto no se limita al mantenimiento técnico de las herramientas ya existentes, ya que también deberá atender su evolución ante nuevas necesidades. El Gobierno señala precisamente la incorporación de nuevas funcionalidades como uno de los factores que justifican la contratación de estos servicios especializados.
Asimismo, desde el Ejecutivo han puesto especial hincapié en la necesidad de asegurar la interoperabilidad de los servicios. Los sistemas informáticos de la OEPM deben relacionarse con entidades internacionales vinculadas a la propiedad industrial, una circunstancia que incrementa los requisitos técnicos del mantenimiento y evolución de sus aplicaciones. En este sentido, el Gobierno considera que tanto esta interoperabilidad como la incorporación de nuevas funcionalidades exigen “un elevado nivel de especialización técnica”.
La autorización aprobada por el Consejo de Ministros establece el marco económico y temporal para acometer estos trabajos, aunque la información facilitada no detalla qué aplicaciones concretas se incluyen en cada uno de los cuatro lotes ni especifica el reparto de los 17,87 millones de euros entre ellos.