La Comisión Europea abre un procedimiento formal bajo la Ley de Servicios Digitales para examinar alojamientos fraudulentos, ataques de phishing que utilizan datos de reservas y resultados promocionados que podrían no identificarse como publicidad. La plataforma se expone a multas de hasta el 6% de su facturación mundial si se confirman las infracciones.
La investigación también abordará la presentación de determinados resultados de búsqueda. La Comisión sospecha que algunos establecimientos pueden obtener una posición destacada mediante el pago de comisiones superiores sin que el usuario identifique claramente que se trata de una promoción comercial. De confirmarse, este funcionamiento podría entrar en conflicto con las obligaciones de transparencia publicitaria que impone la normativa europea.
El primer frente se centra en las ofertas que aparecen publicadas en Booking.com y que podrían corresponder a alojamientos inexistentes o a anuncios que incumplen la normativa. El problema para el consumidor es especialmente grave cuando descubre el engaño después de completar la reserva o cuando llega al destino y comprueba que el alojamiento anunciado no existe.
La Comisión estudiará si Booking ha identificado y evaluado con suficiente diligencia los riesgos sistémicos asociados a la difusión de estas ofertas y si ha adoptado medidas efectivas para mitigarlos. Entre las cuestiones bajo examen figura la capacidad de la plataforma para detectar y retirar anuncios fraudulentos y otros contenidos ilegales.
El portavoz comunitario Thomas Regnier ha explicado el riesgo con el ejemplo de quienes reservan un hotel y, al llegar a la dirección facilitada, descubren que no existe. Para Bruselas, esta clase de fraude obliga a examinar no solo la actuación frente a una denuncia concreta, sino también los procedimientos preventivos que utiliza el intermediario digital.
El segundo ámbito de la investigación afecta a los intentos de estafa mediante phishing, una técnica que busca engañar a los usuarios suplantando a una empresa o persona de confianza. En el contexto de las reservas turísticas, los delincuentes pueden utilizar información sobre una estancia para enviar mensajes que parecen proceder del establecimiento y solicitar un pago adicional o la verificación de datos bancarios.
Bruselas analizará cómo circula la información de las reservas entre Booking y los proveedores de alojamiento, así como el diseño y el funcionamiento de su servicio de mensajería. Entre los datos que preocupan a la Comisión figuran nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, que pueden facilitar ataques de suplantación especialmente convincentes si terminan en manos indebidas.
La utilización de datos auténticos de una reserva supone un problema añadido respecto a los mensajes fraudulentos genéricos, el destinatario puede reconocer detalles sobre su viaje y asumir que la comunicación es legítima. La investigación pretende establecer si Booking dispone de salvaguardias suficientes para impedir o dificultar que esa información se use para solicitar pagos fraudulentos.
El tercer bloque se refiere a la transparencia de las promociones dentro de Booking, los alojamientos pueden obtener mayor visibilidad en determinados resultados al asumir una comisión más elevada. La Comisión evaluará si, cuando existe ese pago para ganar posiciones, el usuario recibe información suficiente para reconocer que se encuentra ante un anuncio promocionado.
La distinción importa porque la posición de un hotel en una lista de resultados puede interpretarse como una consecuencia directa de su relevancia para la búsqueda. Si interviene una contraprestación económica, la DSA establece requisitos de identificación publicitaria para que el consumidor pueda diferenciar los anuncios de otros contenidos.
La investigación también analizará si los usuarios pueden saber quién está detrás de cada publicidad, quién ha pagado por ella, por qué se les muestra y de qué forma pueden ajustar la configuración relacionada con los anuncios. No se trata de impedir por principio que existan resultados patrocinados, sino de comprobar que están identificados y ofrecen la transparencia requerida por la legislación.
Booking.com está sujeta a las obligaciones reforzadas de la DSA como plataforma en línea de muy gran tamaño, esa clasificación implica exigencias específicas de evaluación y mitigación de riesgos sistémicos, además de obligaciones de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas ante las autoridades europeas. Si la Comisión acaba declarando que Booking ha incumplido la normativa, podrá imponer una sanción de hasta el 6% de su volumen de negocios anual mundial.
El procedimiento también permite que la empresa proponga compromisos para atender las preocupaciones del regulador, la aceptación de medidas correctivas dependería de la valoración de la Comisión y no debe darse por hecha únicamente porque Booking manifieste voluntad de colaborar.
La normativa no establece un plazo legal único para que finalice la investigación. Bruselas ha señalado que tramitará el caso con carácter prioritario y podrá continuar recabando información mediante nuevas solicitudes documentales, entrevistas o inspecciones. También dispone de la posibilidad de adoptar medidas provisionales si se cumplen las condiciones correspondientes.
La decisión de abrir un procedimiento formal llega después de una investigación preliminar, la Comisión ha examinado los informes de evaluación de riesgos facilitados por Booking durante 2026 y los tres años anteriores, así como sus informes de transparencia y las respuestas a peticiones oficiales de información. Entre los antecedentes figuran una solicitud remitida el 23 de septiembre de 2025 y otra del 26 de mayo de 2026. La petición de septiembre de 2025 formaba parte de una iniciativa europea más amplia sobre estafas financieras en plataformas digitales, que también se dirigió a servicios de Apple, Google y Microsoft.