Bruselas cuestiona tanto los controles de seguridad como los sistemas de moderación y las sanciones aplicadas a los vendedores, en un procedimiento que podría desembocar en una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual.
El Ejecutivo comunitario considera que Temu no ha establecido medidas “razonables, proporcionadas y eficaces” para reducir los riesgos
Las conclusiones forman parte de la investigación abierta en octubre de 2024 sobre las prácticas de la plataforma de comercio electrónico. En concreto, el Ejecutivo comunitario considera que Temu no ha establecido medidas “razonables, proporcionadas y eficaces” para reducir los riesgos asociados a la presencia de productos que incumplen la normativa europea.
En este sentido, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, ha señalado que “comprar en línea no debe significar arriesgarse a comprar productos ilegales e inseguros” y ha recordado que las plataformas tienen la responsabilidad de proteger a sus usuarios frente a los productos ilícitos.
El análisis se centra en las obligaciones de mitigación de riesgos recogidas en el artículo 35 del DSA y señala deficiencias en tres ámbitos de funcionamiento de la plataforma. Uno de los principales problemas identificados por Bruselas afecta a los procedimientos utilizados para comprobar que los artículos comercializados cumplen los requisitos de seguridad de la Unión Europea.
Según las conclusiones preliminares, Temu solicita informes de ensayo a los vendedores para una proporción muy reducida de su catálogo. Además, incluso cuando exige esta documentación, la plataforma no siempre verifica su contenido.
La Comisión también cuestiona el tratamiento de las categorías consideradas de mayor riesgo, entre ellas juguetes, dispositivos electrónicos y productos cosméticos. Aunque Temu identifica estos artículos como especialmente sensibles, no les concede prioridad en sus inspecciones físicas.
Asimismo, Bruselas señala que la compañía ha realizado un seguimiento insuficiente de los resultados de los controles sobre el terreno y que tampoco ha incrementado las inspecciones de forma proporcional al crecimiento de los anuncios de productos. Estas deficiencias afectan a la capacidad de la plataforma para identificar artículos potencialmente peligrosos antes de que lleguen a los consumidores europeos.
La investigación también pone el foco en los sistemas tecnológicos que utiliza Temu para supervisar los anuncios publicados por sus comerciantes. En este ámbito, la Comisión considera que la moderación se concentra principalmente en analizar la información asociada a cada producto y su adecuación a las condiciones de uso de la plataforma, mientras que la comprobación de su seguridad es insuficiente.
Además, el mecanismo destinado a detectar coincidencias con anuncios previamente identificados como irregulares no presta suficiente atención al riesgo de comercialización de productos inseguros. A estas limitaciones se suma la evolución de los recursos humanos dedicados a la supervisión. Según Bruselas, el número de moderadores no ha aumentado al mismo ritmo que el volumen de anuncios disponibles.
Por otra parte, la Comisión considera que el sistema de sanciones está demasiado fragmentado y carece de suficiente capacidad disuasoria. En concreto, las penalizaciones recaen sobre tiendas individuales y no necesariamente sobre los comerciantes responsables, que pueden gestionar varios establecimientos dentro de Temu. De este modo, el cierre de una tienda no impide que su propietario continúe comercializando productos desde otras.
Asimismo, los vendedores pueden acumular numerosas infracciones graves, incluida la venta de artículos que no superan los controles de seguridad, antes de afrontar una suspensión.
Las conclusiones actuales se producen después de que la Comisión sancionara a Temu en mayo con 200 millones de euros por incumplir sus obligaciones de evaluación de riesgos. Posteriormente, en octubre de 2026, Bruselas aprobó el plan de acción presentado por la compañía para corregir aquella infracción.
El procedimiento iniciado en 2024 también examina otras cuestiones, como el posible diseño adictivo de la plataforma, sus sistemas de recomendación de compras y el acceso de los investigadores a los datos.
Temu podrá ahora consultar el expediente y presentar alegaciones por escrito. Paralelamente, la Comisión consultará a la Junta Europea de Servicios Digitales antes de adoptar una eventual decisión definitiva.