Esta iniciativa, que permanecerá abierta hasta el 10 de junio de 2025, busca establecer un entorno digital más seguro para los usuarios más jóvenes y responde a una creciente preocupación por los riesgos que enfrentan los menores en plataformas en línea.
El documento propuesto establece una serie de medidas dirigidas a todas las plataformas accesibles a menores, con excepción de microempresas y pequeñas empresas. Estas medidas contemplan sistemas de verificación de edad, algoritmos mejorados para la recomendación de contenidos seguros, configuración de cuentas privadas por defecto y mecanismos de moderación adaptados a las necesidades de los menores. También se incluye la creación de canales de denuncia accesibles y orientación sobre la gobernanza interna de las plataformas.
“La seguridad de los niños en línea es nuestra máxima prioridad”
La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, asegura que “la seguridad de los niños en línea es nuestra máxima prioridad”. Según Virkkunen, estas directrices permitirán a las plataformas “proteger la privacidad, el bienestar y la seguridad de los menores con un enfoque integral y adaptado”.
En el proceso de elaboración del documento se ha contado con la participación de diversas partes interesadas, incluidos los jóvenes embajadores del programa "Una Internet mejor para los niños", lo que refuerza el carácter participativo y centrado en el usuario final de la iniciativa.
El Parlamento también propone que los delitos sexuales contra menores no preescriban
En paralelo, el Parlamento Europeo ha avanzado en su reforma legal para combatir los delitos sexuales contra menores, con especial atención al entorno digital. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) ha aprobado un informe que servirá como base para futuras negociaciones legislativas. Entre los puntos más destacados se encuentra la eliminación de los plazos de prescripción para estos delitos, con el objetivo de permitir que las víctimas puedan denunciar sin restricciones temporales.
La reforma legislativa, iniciada en 2023 por la Comisión Europea, también propone aumentar las penas para delitos como el abuso sexual, incluso cuando el menor haya alcanzado la edad legal de consentimiento pero no haya prestado consentimiento explícito. Se prevé endurecer las sanciones por captación con fines sexuales, distribución de material de abuso infantil y ofrecimiento de incentivos económicos para la comisión de estos delitos.
Además, se plantea adaptar el marco legal a nuevas formas de criminalidad facilitadas por tecnologías emergentes. La propuesta incluye, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para cometer abusos y la difusión en línea de contenidos ilegales. Para combatir estas prácticas, los eurodiputados apoyan herramientas como los honeypots, sistemas que simulan ser objetivos vulnerables para detectar a los agresores.
La protección de las víctimas es otro eje central de la propuesta legislativa. El Parlamento aboga por el acceso gratuito a exámenes médicos y forenses, así como por servicios especializados con enfoque de género y salud sexual y reproductiva. Asimismo, se contempla la posibilidad de que organizaciones civiles puedan presentar denuncias en nombre de las víctimas, fortaleciendo así su representación legal y facilitando el acceso a la justicia.
Por otra parte, se revisa el concepto de consentimiento sexual entre menores, buscando evitar la criminalización de relaciones sin coerción entre adolescentes dentro del marco legal, pero endureciendo las sanciones en casos de abuso de poder o engaño por parte de adultos.
Con estas acciones coordinadas entre la Comisión Europea y el Parlamento, la UE busca establecer un ecosistema digital más seguro y normativamente robusto, que proteja a los menores en el presente y se anticipe a los desafíos tecnológicos del futuro.