La disputa, que se inició en diciembre de 2024 cuando se aprobó una sentencia que habilita los bloqueos de IP asociados a contenidos pirata, ha generado importantes repercusiones en la conectividad de internet en el país.
Desde febrero de 2025, la ejecución de esta sentencia ha derivado en el bloqueo masivo de redes de distribución de contenido (CDN), con Cloudflare como principal afectada. El impacto no ha sido menor: decenas de miles de dominios .es, incluyendo páginas institucionales, ayuntamientos, plataformas de pago, comercios electrónicos e incluso medios de comunicación, han quedado inaccesibles desde los principales operadores españoles.
En el escrito enviado a la Comisión Europea el pasado 30 de mayo, Cloudflare ha expuesto su visión crítica del proceso judicial que dio lugar a los bloqueos. Según la compañía, LaLiga “ocultó información clave al tribunal”, al no advertir que las direcciones IP afectadas estaban compartidas por miles de sitios legítimos.
“El bloqueo de estas direcciones IP inevitablemente impide el acceso a miles de sitios web no objetivo a millones de usuarios españoles”
“El bloqueo de estas direcciones IP inevitablemente impide el acceso a miles de sitios web no objetivo a millones de usuarios españoles”, señala Cloudflare en su misiva, donde también acusa a LaLiga de solicitar la orden judicial sin notificar a los proveedores afectados. Esta actuación, según la empresa tecnológica, vulnera principios fundamentales del Reglamento de Internet Abierta de la Unión Europea, al poner en riesgo el acceso equitativo y sin discriminación a internet.
Otro de los puntos destacados en el documento es la crítica al rechazo del recurso de nulidad que Cloudflare y RootedCON presentaron en marzo. Pese a los perjuicios evidenciados por el bloqueo indiscriminado, el juez desestimó el recurso, argumentando que Cloudflare no estaba directamente sujeta a la orden original. Sin embargo, la resolución no contempla mecanismos para mitigar los efectos colaterales en servicios ajenos al contenido protegido, ni para reparar el daño causado a empresas, instituciones y ciudadanos.
“El tribunal falló en contra de Cloudflare […] sin abordar el daño significativo que los bloqueos de LaLiga causaron a clientes y ciudadanos españoles”, sostiene la compañía. Además, subraya que no se introdujo ninguna herramienta legal para evitar la repetición de estos efectos en el futuro.
Con la confirmación del recurso ante el Tribunal Constitucional, Cloudflare se une a RootedCON, que también anunció su intención de impugnar judicialmente los bloqueos desde esta instancia. La doble vía legal abre un nuevo escenario en el que el alto tribunal deberá pronunciarse sobre la legalidad y proporcionalidad de estas medidas técnicas adoptadas para combatir la piratería digital.
Por su parte, LaLiga se mantiene firme en su postura. Javier Tebas, presidente de la organización, ha defendido públicamente la legitimidad de los bloqueos y ha respondido a las críticas del CEO de Cloudflare con acusaciones personales. Pese a los conflictos generados, el organismo considera que estas acciones son necesarias para proteger sus derechos audiovisuales y ya se prepara para reactivar los bloqueos de cara a la próxima temporada futbolística 2025/2026.
El fallo del Constitucional será clave para definir los límites del control de contenidos online en España en el contexto del cumplimiento normativo europeo. Mientras tanto, las empresas afectadas y los usuarios continúan expuestos a posibles interrupciones, a la espera de una resolución que clarifique las responsabilidades y proteja tanto la propiedad intelectual como el derecho a una conectividad abierta y sin discriminación.