En el reciente DigitalES Summit 2025, los grandes actores del sector han dejado claro que necesitan aire para respirar. Vodafone ha negado estar negociando con Telefónica, pese a que los movimientos por parte del operador azul son claros.
MasOrange, mientras tanto, ha admitido que “confía en encontrar un socio en joint‑venture con Vodafone España en el tercer trimestre del año”. Esa declaración no revela solo planes, sino urgencia: con la fragmentación europea, necesitan alianzas para competir a nivel global. En España parece que los operadores están preparados para actuar, reorganizarse, invertir. Pero ¿quién los frena? La respuesta: una regulación que va con años de retraso.
Mientras los grandes operadores claman por una reconfiguración del mercado, el Gobierno de España y sus reguladores parecen actuar con una pasividad que ya no sorprende, pero sí preocupa. En el marco del DigitalES Summit 2025, el secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha reiterado la negativa del Ejecutivo a ceder competencias sobre la gestión del espectro radioeléctrico a nivel europeo. Una postura que evidencia hasta qué punto sigue primando la visión nacional frente a la integración real del mercado único digital.
La CNMC, por su parte, mantiene una actitud ambigua. Aunque oficialmente "vigila de cerca" a las nuevas figuras como infracos y towercos, el organismo no ha parece que vaya a presentar trabas a operaciones como la posible entrada de Telefónica en el capital de Vodafone España.
"Los acuerdos de competidores y la fusión entre empresas de telecomunicaciones son favorables"
"Los acuerdos de competidores y la fusión entre empresas de telecomunicaciones son favorables. Con las fusiones se suele reforzar a un cuarto operador, como es lo que pasó con la fusión de MasOrange, que se reforzó así el papel de Digi. Se les está pidiendo ahora a las empresas de telecomunicaciones europeas que vean más allá a futuro”, ha defendido Cani Fernández, presidenta de la CNMC, en las jornadas anuales que organiza APIE en Santander junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Esta operación en cualquier otro contexto habría encendido todas las alarmas de concentración. Sin embargo, esta aparente inacción no solo desconcierta, sino que debilita la capacidad del regulador para garantizar una competencia justa en un mercado cada vez más polarizado.
En definitiva, España continúa atrapada entre dos aguas: por un lado, mantiene discursos europeístas sobre digitalización; por otro, protege celosamente parcelas de poder nacional que bloquean cualquier avance estructural. La regulación va por detrás del mercado, y el mercado por detrás de la tecnología. Un desfase que, sin decisiones valientes y urgentes, seguirá condenando a nuestras telecomunicaciones a la irrelevancia.
En el otro extremo del tablero están los pequeños y medianos operadores que, lejos del ruido de los grandes despachos, llevan años sosteniendo con esfuerzo la conectividad en zonas rurales, pueblos y municipios donde las grandes telecos no llegan o no quieren llegar. La feria Aotec 2025 ha dejado claro que estos actores no piden privilegios, sino condiciones mínimas de justicia para competir en un mercado cada vez más concentrado y agresivo.
"La digitalización de España no puede depender exclusivamente de fusiones corporativas en despachos europeos"
El mensaje que se escuchó en Madrid ha sido bastante claro: colaboración, sí, pero en igualdad de condiciones. La digitalización de España no puede depender exclusivamente de fusiones corporativas en despachos europeos, sino de políticas que reconozcan y protejan el papel vertebrador de las pymes tecnológicas. El presidente de Aotec, Antonio García Vidal, lo ha expresado con claridad: sin una regulación que contemple su realidad y sin una redistribución más equitativa de los recursos públicos, será difícil sostener el avance en zonas menos rentables.
Los operadores locales han logrado lo que muchos grandes no consiguen: movilizar un ecosistema completo de innovación local, mantener empleo en el territorio y construir redes resilientes con muy pocos medios. Su reivindicación, lejos de ser anecdótica, debería ser central en cualquier estrategia europea o nacional que realmente aspire a democratizar la conectividad.
Mientras en Europa se discuten Digital Networks Act, DMA y DSA, el sector telco necesita acciones concretas, ya. Bruselas es cierto que propone desregulación —que podría beneficiar a grandes propietarios y multimillonarios— pero debe reducir obligaciones, facilitar fusiones a escala europea y generar un entorno de inversión más favorable. ¿Pero esto va a ratos? Sí. A trompicones. Con rechazo de estados nacionales que eclipsan la visión de conjunto.
Y es que, mientras se sigue discutiendo en los grandes foros la ambición de los países por avanzar en cifras de inversión, ciberseguridad y soberanía digital, los reguladores europeos siguen enfrascados en planes públicos, informes e hitos políticos, más que en levantar restricciones que asfixian a la industria.
"Mientras estamos parados, América y China avanzan. No es alarmismo: es mercado"
Este retraso regulatorio es, además, un lastre económico. España y Europa están obligados a desplegar más fibra y más 5G para cumplir los famosos objetivos de la Década Digital 2030, ya que aún andamos por detrás de otras potencias como las asiáticas, a permitir fusiones sensatas que favorezcan la escala y ahorren costes operativos. Y mientras estamos parados, América y China avanzan. No es alarmismo: es mercado.
La Comisión debe dejar de reciclar conceptos y empezar a legislar con sentido estratégico: consolidación, escala, densidad, competitividad global. Los tiempos de los tiempos muertos legislativos ya han caducado.
No hay más margen para esperar. Los grandes operadores tienen voluntad; las pymes urgen; los reguladores poseen herramientas. Lo que sigue faltando es una voluntad política decidida para unir esfuerzos, armonizar criterios, ayudar a converger mercados y ofrecer a los ciudadanos una conectividad digna, accesible y competitiva.
Si la DNA se materializa con ambición, esta iniciativa puede convertirse en el primer paso real para construir una Europa digital unificada y robusta
En este contexto, resulta esperanzador que la Comisión Europea haya cerrado recientemente la consulta pública de la Digital Networks Act con planes para su publicación en los próximos meses, una normativa que aspira a modernizar las reglas del juego, promover la inversión eficiente y allanar el camino hacia un verdadero mercado único digital. Si se materializa con ambición, esta iniciativa puede convertirse en el primer paso real para construir una Europa digital unificada y robusta.
Pero el tiempo se agota. Porque si Europa no actúa ya, no será la fragmentación nacional lo que detenga a los actores globales: serán las propias reglas caducas que su burocracia se niega a renovar. Y ese será el precio de la cobardía.