El programa forma parte de una estrategia industrial que busca consolidar a España como un referente en la producción de baterías y componentes esenciales para el vehículo eléctrico. Esta línea A está destinada específicamente a proyectos relacionados con la producción, ensamblaje y reciclaje de baterías, tecnologías clave para la cadena de valor del sector de la automoción en plena transición energética.
La apertura de esta línea de ayudas coincide con la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a las futuras instalaciones de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto (Valencia). El proyecto, impulsado por el grupo Volkswagen, representa una inversión de 3.000 millones de euros y se estima que generará más de 20.000 empleos entre directos e indirectos. En palabras del ministro, “esta gigafactoría va a suponer un antes y un después no sólo para el Grupo Volkswagen, sino para la transformación del sector de la automoción en España”.
PowerCo ha recibido más de 260 millones de euros en ayudas públicas a través de anteriores convocatorias del PERTE VEC, lo que pone de manifiesto el papel central del programa como catalizador de inversión privada. Según datos oficiales, el PERTE VEC ha movilizado hasta la fecha 2.500 millones de euros para más de 300 empresas vinculadas al ecosistema del vehículo eléctrico en España.
El Gobierno ya trabaja en el lanzamiento de la línea B de la cadena de valor, prevista para el próximo mes de septiembre. Esta segunda línea estará centrada en proyectos que complementen el desarrollo de baterías, incluyendo iniciativas en componentes electrónicos, software, ensamblaje de vehículos y tecnologías relacionadas con la conectividad y digitalización.
El objetivo de ambas líneas es estructurar una industria nacional sólida y competitiva que abarque desde la producción de materias primas hasta el ensamblaje final del vehículo eléctrico, incluyendo su gestión energética.
Además del PERTE VEC, el Gobierno mantiene su apoyo a la demanda de vehículos electrificados mediante el Plan MOVES III, que ha sido prorrogado este año con un incremento de 400 millones de euros.
Este programa contempla ayudas directas tanto para la compra de vehículos eléctricos como para la instalación de puntos de recarga, reforzando así el ecosistema necesario para que la movilidad eléctrica sea una realidad accesible en todo el territorio nacional.