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Una asociación de operadores cloud demanda a Bruselas por permitir la compra de VMware sin imponer restricciones a Broadcom

Antonio Rodríguez | Jueves 24 de julio de 2025
La asociación europea de proveedores de servicios en la nube, CISPE, ha presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la aprobación de la compra de VMware por parte de Broadcom.

La organización acusa a la Comisión Europea de haber autorizado la operación sin imponer condiciones suficientes para proteger la competencia en el mercado de la virtualización y los servicios cloud en Europa.

En su recurso legal, CISPE sostiene que la fusión, cerrada en noviembre de 2023 y valorada en 61.000 millones de dólares, ha dado lugar a prácticas abusivas por parte de Broadcom, que ahora controla uno de los componentes más críticos del ecosistema cloud: el software de virtualización de VMware. Esta tecnología permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un único servidor físico, y es utilizada ampliamente por proveedores de infraestructura en la nube.

Restricciones contractuales y subida de precios

Desde el cierre de la operación, CISPE denuncia que Broadcom ha eliminado contratos previos, ha endurecido las condiciones de licencia y ha encarecido los precios, dificultando el acceso de los operadores a herramientas esenciales para competir. “El dominio del software de VMware en el mercado de la virtualización significa que las nuevas condiciones injustas impuestas por Broadcom afectan a casi todas las organizaciones europeas que utilizan tecnología en la nube”, asegura Francisco Mingorance, secretario general de CISPE.

“La Comisión fue advertida de que esto ocurriría, pero no actuó. Debe ahora reconsiderar su decisión”

La asociación considera que la Comisión Europea desoyó sus advertencias sobre estos riesgos. “La Comisión fue advertida de que esto ocurriría, pero no actuó. Debe ahora reconsiderar su decisión”, reclama Mingorance. CISPE sostiene que la falta de medidas correctoras ha permitido que Broadcom convierta un estándar del sector en un punto de control exclusivo, con impacto directo sobre la competencia y los costes para las empresas tecnológicas en Europa.

Antes de su finalización, la adquisición fue analizada por organismos reguladores de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, China y otros países. En diciembre de 2023, la Comisión Europea aprobó la operación tras obtener compromisos voluntarios por parte de Broadcom sobre interoperabilidad y acceso a la tecnología, que en su momento consideró suficientes para disipar las preocupaciones antimonopolio.

Sin embargo, la nueva denuncia sugiere que esos compromisos han sido insuficientes o no se han traducido en prácticas reales que protejan la competencia. La demanda abre ahora un procedimiento judicial ante el Tribunal General con sede en Luxemburgo, que podría obligar a la Comisión a revisar su aprobación del acuerdo.

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