El estudio se basa en datos estadísticos de más de 1.600 personas internas y en entrevistas a profesionales penitenciarios. Sus conclusiones destacan que las tecnologías de la información y la comunicación no solo permiten mantener el vínculo con familiares y personas de apoyo, sino que también tienen un papel clave como herramienta educativa y de adquisición de competencias digitales.
El informe identifica que las tecnologías digitales se emplean principalmente para mantener el contacto con familiares y redes de apoyo, participar en actividades formativas y adquirir habilidades necesarias para desenvolverse en el entorno digital tras la salida de prisión. Estas funciones están presentes en los programas educativos que se desarrollan en los centros penitenciarios y forman parte de los procesos de resocialización existentes.
"La tecnología permite dotar a los reclusos de las habilidades y las competencias digitales indispensables para el día a día cuando salgan en libertad"
"Más allá de los riesgos, podemos concluir que la tecnología cumple una doble o incluso una triple función: es una vía de contacto entre la persona interna y su red social cuando se encuentra lejos; sirve como herramienta formativa, ya que permite el acceso a programas de educación superior en línea en centros como la UOC, y, por último, permite dotar a los reclusos de las habilidades y las competencias digitales indispensables para el día a día cuando salgan en libertad", ha asgurado Pablo Romero, investigador del grupo Victimología empírica y aplicada (VICRIM).
Según la información recogida en las entrevistas, los profesionales del sistema penitenciario consideran que el acceso a herramientas digitales facilita el seguimiento de estudios reglados, el desarrollo de competencias útiles para la vida cotidiana y el mantenimiento de vínculos con el exterior, especialmente en los casos en que los internos se encuentran alejados geográficamente de su entorno familiar.
La investigación también detecta limitaciones estructurales en el acceso a estas tecnologías. En varios centros penitenciarios, los dispositivos disponibles son escasos, presentan un nivel de obsolescencia elevado y no existen suficientes plazas para atender la demanda de uso. A esto se suma la necesidad de disponer de personal con formación específica en la aplicación de las TIC en contextos de privación de libertad.
También se incluyen referencias a posibles riesgos asociados al uso indebido de dispositivos, como el contacto con el exterior fuera de los canales autorizados o la transmisión de información entre internos. El estudio recoge que el uso de dispositivos no autorizados es una práctica habitual según los profesionales consultados.