Con 174 votos a favor, 170 en contra y cuatro abstenciones, el texto avanza ahora al Senado y desbloquea cerca de 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación. El Gobierno enmarca la ley como una herramienta “para lograr una mayor cohesión social y territorial” y para “alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes”.
El mayor impacto inmediato recae en los centros de trabajo. Las empresas con más de 200 empleados, o 100 por turno, y las entidades públicas estatales dispondrán de dos años para aprobar un plan de movilidad sostenible negociado con la representación sindical. Los documentos deberán priorizar desplazamientos a pie o en bicicleta, el transporte público, los vehículos de cero emisiones y el coche compartido, además de contemplar teletrabajo cuando sea posible, formación en seguridad vial y medidas para visitantes, proveedores y cualquier persona que acceda al centro.
La norma abre la puerta a la figura del gestor de movilidad y solicita coordinación con los planes municipales o autonómicos existentes (zonas de bajas emisiones, carriles de alta ocupación). En centros de alta ocupación, más de 1.000 empleados en ciudades de más de 500.000 habitantes, se exigirán medidas para escalonar entradas y aliviar horas punta.
Las compañías deberán facilitar el uso de vehículos eléctricos mediante la instalación de puntos de recarga. A escala estatal, se señalizarán en la red de carreteras las ubicaciones de recarga de acceso público y las distancias a las estaciones más próximas.
El paquete se completa con medidas para electrificar el sistema: objetivo de electrificación total en el ferrocarril, suministro eléctrico a aeronaves en remoto antes del 31 de diciembre de 2029 y “puertos electrificados” para buques atracados, maquinaria y flotas pesadas, con publicación anual de huella de carbono y planes de reducción.
La ley ordena revisar en 12 meses el sistema de etiquetas de la DGT “teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos” e incorporando el CO₂ como criterio adicional. El objetivo es corregir disfunciones señaladas por colectivos ecologistas, como los híbridos enchufables de gran tamaño con distintivo Cero pese a su potencial de emisiones en uso real, y alinear accesos a zonas de bajas emisiones con el desempeño ambiental efectivo.
En el ámbito urbano, se crea el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible para cofinanciar el transporte público colectivo de titularidad local, generalizando un apoyo que hasta ahora no alcanzaba a todas las urbes.
La ley insta a fomentar movilidad activa, intermodalidad, ciclologística y la introducción progresiva de vehículos automatizados. La arquitectura institucional se ordena en torno al Sistema General de Movilidad Sostenible, con un Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), un Foro Territorial y un Consejo Superior de Movilidad Sostenible. Además, se aprueba el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS) como marco de planificación; el primero deberá aprobarse en 18 meses.
Transporte se compromete a “impulsar la reducción de los vuelos domésticos” cuando exista alternativa ferroviaria inferior a dos horas y media, salvo enlaces con aeropuertos de rutas internacionales, previa elaboración en seis meses de un estudio de impactos.
En paralelo, se evaluará la recuperación de trenes nocturnos con conexión europea, una modalidad desaparecida en 2020 que crece en otros países. La ley también promueve autopistas ferroviarias y un sistema de bonificaciones a cánones para el tráfico de mercancías, con el fin de acelerar el trasvase modal desde la carretera.