El Gobierno ha decidido aplazar un año la implantación obligatoria del sistema de verificación de facturas Verifactu, un pilar central de la digitalización fiscal incluida en la Ley contra el fraude.
España retrasa a 2027 la entrada en vigor de Verifactu y da más margen a empresas y autónomos
El Gobierno ha decidido aplazar un año la implantación obligatoria del sistema de verificación de facturas Verifactu, un pilar central de la digitalización fiscal incluida en la Ley contra el fraude.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que amplía los plazos para que empresas y profesionales adapten sus sistemas informáticos de facturación, una medida que forma parte de los compromisos adquiridos con Junts y que responde a la complejidad técnica y operativa que planteaba la normativa.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, las sociedades que tributan en el impuesto de sociedades no deberán aplicar Verifactu hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y el resto de contribuyentes tendrán de plazo hasta el 1 de julio de ese mismo año.
El calendario anterior fijaba la entrada en vigor en enero y julio de 2026, respectivamente, por lo que la prórroga ofrece un margen adicional a un tejido empresarial que ha manifestado dificultades para cumplir los requisitos exigidos.
Hacienda señala que esta ampliación responde tanto a la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos” como a la voluntad de “garantizar una implantación ordenada y homogénea”. De este modo, el Ministerio pretende evitar un despliegue precipitado que pudiera derivar en incidencias tecnológicas, incumplimientos involuntarios o costes desproporcionados, especialmente en pequeñas empresas y autónomos.
El sistema Verifactu establece que cualquier software de facturación debe generar un registro inalterable, accesible para la Agencia Tributaria y protegido frente a modificaciones o eliminaciones. Los contribuyentes pueden optar por remitir la información en tiempo real o conservarla en condiciones de seguridad para posibles inspecciones.
La norma se dirige a todas las empresas y profesionales que utilicen programas de facturación, con dos únicas excepciones claras: quienes facturen el 100% de forma manual y quienes trabajen bajo el sistema de suministro inmediato de información o residan en País Vasco y Navarra.
Asimismo, el marco regulatorio contempla sanciones de hasta 50.000 euros para quienes incumplan sus obligaciones, y exige que los sistemas informáticos impidan cualquier forma de contabilidad paralela o alteración posterior de una factura emitida.
El retraso llega tras meses de dudas entre autónomos y pymes. A pesar de las guías publicadas por la Agencia Tributaria, seguía sin quedar claro si determinados métodos de facturación manual asistida, como el uso de Excel o Word, debían considerarse programas de tratamiento de datos y, por tanto, quedar dentro de Verifactu.
En este sentido, Hacienda ha explicado que el criterio depende de si el programa procesa información. Si una hoja de cálculo funciona solo como plantilla, estaría exenta; si realiza cálculos, secuencias o automatizaciones, quedaría obligada a cumplir la normativa.
Además, los autónomos con baja carga administrativa reclamaban una solución pública gratuita. El Ministerio habilitó una aplicación online para quienes emiten pocas facturas al año, aunque su uso obliga a remitir automáticamente la información al fisco, lo que generó recelos entre parte del colectivo.
El aplazamiento supone un respiro para un sector que reclamaba más tiempo para actualizar herramientas y procedimientos. La obligación de utilizar software certificado afecta directamente a proveedores tecnológicos, integradores y desarrolladores, que deben garantizar sistemas capaces de generar registros inviolables y conectados o auditables por la Agencia Tributaria.
Asimismo, el retraso da oxígeno a profesionales que no contaban con capacidad inmediata para asumir los costes asociados a la migración digital. El Ministerio reconoce que la digitalización fiscal exige “inversiones sustanciales y adaptación organizativa”, por lo que considera razonable ampliar los plazos para evitar disrupciones.