Este desfase explica, en parte, la decisión del Gobierno de prorrogar un año la obligatoriedad de VeriFactu, que finalmente no será exigible hasta enero de 2027. En el momento en el que se anunció el aplazamiento, solo dos de cada diez empresas habrían estado realmente preparadas para afrontar el cambio normativo en plazo.
El informe pone de relieve que el grado de preparación varía de forma notable según el tamaño y el volumen de facturación. Así, el 37% de las empresas que facturan más de un millón de euros anuales ya cumple con VeriFactu, mientras que las microempresas presentan un retraso mucho mayor. En este sentido, las pymes de entre 10 y 49 trabajadores tienden a priorizar antes este tipo de adaptaciones, mientras que las más pequeñas valoran de forma más positiva la prórroga, al aliviar la presión financiera y operativa a corto plazo.
El estudio, realizado entre 304 gerentes, propietarios y directores financieros, muestra que la mayoría de las empresas se encontraba aún en fases muy preliminares cuando VeriFactu debía entrar en vigor. Un 27% estaba recabando información para entender la normativa, un 19% evaluaba proveedores y soluciones digitales y solo un 15% había iniciado la implantación o adaptación de sus sistemas. Además, un 18% no había comenzado ningún proceso.
Asimismo, la percepción de la prórroga no es homogénea. El 60% de los autónomos la considera una buena noticia, ya que les permite ganar margen y evitar inversiones inmediatas. Sin embargo, las empresas de mayor tamaño muestran una visión más crítica. De hecho, el 66% de las compañías de entre 25 y 49 empleados cree que el retraso puede frenar la digitalización y desincentivar inversiones tecnológicas ya planificadas, lo que refleja una preocupación clara por la paralización de procesos en marcha.
Costes contenidos, pero todavía inciertos
Desde el punto de vista económico, la mayoría de las empresas anticipa un impacto asumible, aunque relevante para su tamaño. El 52% estima que la adaptación costará menos de 5.000 euros, mientras que casi un 30% prevé una inversión superior. No obstante, el 18,4% aún no sabe cuánto le costará adaptarse, un dato que apunta a la falta de planificación y a la necesidad de mayor acompañamiento.
No obstante, existe un amplio consenso en torno al papel de las administraciones. El 74% de las empresas considera necesario contar con ayudas o incentivos fiscales para facilitar una adaptación anticipada, una demanda especialmente fuerte entre autónomos y microempresas.
El grado de avance también varía según el perfil dentro de la empresa. Los directores financieros lideran la adaptación, con un 89% que ya cumple con la normativa o está en proceso, frente al 82% de los gerentes y el 73% de los propietarios. Paralelamente, son también los perfiles financieros los más preocupados por el posible efecto negativo de la prórroga sobre la digitalización: el 64% cree que el retraso puede desincentivar inversiones, frente al 49% del resto de perfiles.
Por volumen de ingresos, las diferencias son aún más claras. Un 31% de las empresas que facturan más de 500.000 euros ya cumplía con VeriFactu antes de la prórroga, más del doble que entre aquellas con ingresos inferiores a 100.000 euros. Además, solo un 5% de las compañías con mayor facturación no había iniciado ningún proceso, frente a casi tres de cada diez microempresas, que seguían completamente al margen de la adaptación.
En el tramo intermedio, las empresas con ingresos entre 100.001 y 500.000 euros muestran una evolución más progresiva. Aunque solo un 17% cumplía ya con los requisitos, casi el 70% se encontraba en alguna fase del proceso, lo que dibuja un escenario de avance gradual, pero todavía incompleto.
Desde Qonto señalan que la prórroga hasta 2027 debe entenderse como una oportunidad estratégica y no como una invitación a la espera. Marta Rifà, directora de marketing de la compañía para el sur de Europa, subraya que muchas empresas no estaban listas para 2026, pero insiste en que la digitalización de la gestión financiera tiene un impacto directo en la eficiencia del negocio.
En este sentido, el estudio concluye que VeriFactu no es solo un cambio regulatorio, sino un posible catalizador para modernizar los procesos financieros de las pymes españolas. Aprovechar el tiempo extra para automatizar, ganar visibilidad sobre la facturación y liberar recursos será clave para que el retraso se traduzca en una adaptación real y no en un nuevo cuello de botella cuando el calendario vuelva a apretar.
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