La digitalización de la Administración Pública avanza en España a paso firme, aunque no sin fricciones. Según un estudio elaborado por TBS Education-Barcelona, más de 14 millones de contribuyentes ya realizan su declaración de impuestos por internet, un dato que refleja el peso creciente de los canales digitales en la relación entre ciudadanos y servicios públicos.
El informe ofrece una fotografía amplia del uso de las plataformas electrónicas de la Administración. Actualmente, más de 29 millones de españoles utilizan servicios digitales para realizar trámites administrativos, lo que equivale al 83% de los internautas del país. Una cifra que confirma que la gestión online se ha consolidado como vía principal para interactuar con organismos públicos.
Entre las gestiones más frecuentes, la solicitud de cita previa lidera el uso de las eAAPP’s, seguida de la consulta de información personal, que alcanza el 64%, y la descarga de formularios oficiales, con un 57%. En cambio, otros procedimientos como la solicitud de certificados o documentos se sitúan en el 35,8%, mientras que la tramitación de subvenciones apenas llega al 22,5%.
En el ámbito fiscal, la adopción digital muestra diferencias territoriales. Madrid, País Vasco y Cataluña encabezan la presentación online de impuestos, mientras que Murcia registra el porcentaje más bajo, con un 39% de contribuyentes digitales. Esta distancia evidencia una brecha regional cercana a los 19 puntos porcentuales.
El estudio también pone el foco en el certificado electrónico. Aunque el 55% de los ciudadanos afirma disponer de uno, solo el 17,7% lo utiliza de forma activa. Además, existen diferencias generacionales claras: la posesión es más elevada entre jóvenes de 25 a 34 años, donde alcanza el 66%, frente al 34% en mayores de 65 años.
Este desfase entre disponibilidad y uso efectivo apunta a uno de los retos pendientes: la alfabetización digital y la simplificación de procesos.
Pese a los avances, la experiencia digital dista de ser perfecta. Más de 16 millones de ciudadanos declaran haber sufrido dificultades al realizar trámites administrativos online. Entre los principales obstáculos destacan problemas técnicos, señalados por el 38% de los encuestados, la falta de competencias digitales (34%) y la sensación de inseguridad (31%).
Estas barreras afectan con mayor intensidad a personas mayores y a colectivos con menor formación tecnológica, generando desigualdades que todavía requieren respuesta.
En este sentido, Edgar Sánchez, profesor colaborador de TBS Education-Barcelona, subraya que la digitalización no solo implica eficiencia, sino también equidad. El reto, apunta, pasa por reforzar la confianza en los sistemas, mejorar la usabilidad y ampliar la formación para que todos los ciudadanos puedan interactuar con la Administración en igualdad de condiciones.
El estudio concluye que España ha avanzado de forma significativa en su modernización administrativa. Sin embargo, el siguiente paso ya no es solo digitalizar, sino garantizar que esa digitalización sea accesible, inclusiva y verdaderamente útil para toda la sociedad.