La investigación apunta tanto a deficiencias en la evaluación de riesgos como a la ausencia de medidas técnicas eficaces para impedir el acceso de usuarios menores de edad a estas plataformas de pornografía online.
“En la UE, las plataformas en línea tienen una responsabilidad. Los niños acceden a contenido para adultos a edades cada vez más tempranas y estas plataformas deben implementar medidas sólidas, que preserven la privacidad y sean efectivas para mantener a los menores fuera de sus servicios”, advierte Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia de la Comisión Europea.
La investigación apunta a que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no han identificado ni evaluado de manera diligente los riesgos asociados al acceso de menores a sus servicios. Asimismo, la Comisión detecta que las metodologías empleadas no cumplen con los estándares exigidos por la DSA.
En este sentido, las plataformas priorizaron aspectos vinculados al impacto empresarial, como el daño reputacional, en lugar de centrarse en los riesgos sociales. Esta aproximación contradice el marco normativo europeo, que exige evaluar el impacto sobre los derechos y el bienestar de los menores.
Además, el análisis revela inconsistencias en la forma en que algunas plataformas reflejan su interacción con organizaciones especializadas en derechos de la infancia. Según los hallazgos preliminares, Stripchat, XVideos y XNXX no consideraron adecuadamente estas aportaciones o las representaron de forma incompleta en sus evaluaciones.
La Comisión también concluye que las medidas de mitigación implementadas resultan ineficaces. Aunque las plataformas establecen en sus condiciones de uso que el acceso está restringido a adultos, en la práctica permiten la entrada mediante una simple autodeclaración de edad.
Este mecanismo, basado en la confirmación de ser mayor de 18 años con un clic, no cumple con los requisitos de protección establecidos en la DSA. Asimismo, otras medidas complementarias, como advertencias de contenido, etiquetas o difuminado de páginas, no impiden el acceso efectivo de menores a contenidos sensibles.
De este modo, Bruselas considera necesario que estas plataformas adopten sistemas de verificación de edad que preserven la privacidad. Esta exigencia se alinea con las directrices comunitarias, que identifican estas soluciones como herramientas proporcionadas y eficaces para reducir riesgos.
Las conclusiones preliminares se enmarcan en procedimientos formales iniciados en 2025. A partir de este punto, las plataformas afectadas pueden ejercer su derecho de defensa, revisar el expediente y presentar alegaciones. También tienen la opción de introducir cambios para corregir las deficiencias detectadas.
Si se confirman los incumplimientos, la Comisión podrá emitir una decisión formal que implique sanciones económicas. Estas multas podrían alcanzar hasta el 6% del volumen de negocio anual global de los proveedores. Además, el marco regulatorio permite imponer sanciones coercitivas para forzar el cumplimiento.