La investigación se centra en posibles deficiencias estructurales en seguridad, privacidad y diseño del servicio, con especial atención a los riesgos sistémicos derivados del uso por parte de niños y adolescentes.
Según asegura Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, “desde el aseo y la exposición a productos ilegales hasta la configuración de cuentas que socavan la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la Ley de Servicios Digitales exige normas de seguridad estrictas para todos los usuarios. Con esta investigación, examinaremos de cerca su cumplimiento de nuestra legislación”.
Uno de los ejes clave del expediente es el sistema de verificación de edad. Según la Comisión, Snapchat basa su control en la autodeclaración del usuario, un mecanismo que considera insuficiente para garantizar que los menores de 13 años no accedan al servicio.
Asimismo, Bruselas cuestiona la capacidad de la plataforma para identificar a usuarios menores de 17 años, lo que resulta necesario para adaptar la experiencia a la edad. En este sentido, también se detecta que la herramienta para reportar la presencia de menores de 13 años no está disponible dentro de la propia aplicación, lo que limita la capacidad de supervisión.
La investigación también analiza la exposición de los menores a interacciones potencialmente peligrosas. La Comisión sospecha que Snapchat no implementa salvaguardas suficientes para evitar que adultos contacten con menores con fines perjudiciales, como la explotación sexual o el reclutamiento para actividades delictivas.
Además, el sistema permite que usuarios falseen su edad en el registro o la modifiquen posteriormente, lo que facilita la suplantación de perfiles juveniles. De este modo, la plataforma podría estar permitiendo escenarios de riesgo vinculados al contacto directo y la exposición a conductas dañinas.
Otro de los puntos críticos se sitúa en la configuración inicial de las cuentas. Bruselas considera que los ajustes predeterminados no ofrecen un nivel elevado de protección para los menores. Entre los elementos señalados destaca el sistema “Encontrar amigos”, que recomienda automáticamente perfiles a niños y adolescentes. Asimismo, las notificaciones push permanecen activadas por defecto y no se proporciona una guía clara sobre las opciones de privacidad y seguridad durante el proceso de registro.
La Comisión cuestiona el diseño de la interfaz y su adecuación a usuarios menores
En este sentido, la Comisión cuestiona el diseño de la interfaz y su adecuación a usuarios menores, en línea con las directrices de la DSA que exigen el máximo nivel de protección por defecto.
El expediente también aborda la posible falta de eficacia de los sistemas de moderación. La Comisión sospecha que Snapchat no mitiga adecuadamente la difusión de contenidos que facilitan el acceso a productos ilegales, como drogas, o restringidos por edad, como vaporizadores y alcohol.
Además, la plataforma no impediría de forma efectiva que menores accedan a este tipo de información. Este punto resulta especialmente relevante, ya que la DSA obliga a las plataformas a reducir riesgos sistémicos asociados a sus servicios.
La Comisión también examina los sistemas de notificación de contenidos ilícitos. Según el análisis preliminar, estos mecanismos no son fácilmente accesibles ni intuitivos y podrían incorporar patrones de diseño que dificultan su uso. Asimismo, Bruselas asegura que Snapchat no informa de forma adecuada sobre las opciones de recurso disponibles para los usuarios, lo que limita la transparencia y el control sobre las decisiones de moderación.
La apertura del procedimiento permite a la Comisión ampliar la investigación mediante solicitudes de información, entrevistas e inspecciones. Además, el Ejecutivo comunitario podrá adoptar medidas provisionales o aceptar compromisos por parte de la empresa.
El caso se basa en el análisis de los informes de riesgo de Snapchat entre 2023 y 2025, así como en información aportada por autoridades nacionales como la neerlandesa ACM y la alemana BNetzA. También se han tenido en cuenta contribuciones de expertos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.