El proceso de adjudicación ha estado condicionado por la intervención del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que estimó parcialmente el recurso de Telefónica y obligó a reevaluar la solvencia técnica de Sirt. Tras este análisis, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha concluido que la empresa sí cumple con los requisitos exigidos.
Asimismo, la mesa de contratación ha considerado que las alegaciones de Telefónica “no son sostenibles”, al entender que se basan en una interpretación “unilateral y restrictiva” de la resolución judicial. En este sentido, el organismo defiende que el procedimiento se ha ajustado a la Ley de Contratos del Sector Público y que la administración puede requerir aclaraciones para verificar la capacidad técnica de los licitadores.
Tras esto, la adjudicación ha vuelto a resolverse a favor de Sirt pese a que la oferta económica de Telefónica y Cellnex era inferior. En este sentido, el factor determinante ha sido la puntuación técnica, que ha otorgado ventaja a la propuesta de la compañía catalana.
Este aspecto ha generado una gran controversia en el sector, ya que el CTTI ha valorado la solvencia técnica de una empresa con menor tamaño y facturación por encima de grandes operadores. Incluso, en la evaluación se ha considerado superior la propuesta de Sirt en aspectos como la gestión de riesgos en el desmontaje de la red actual, propiedad de Telefónica.
Para justificar la adjudicación, la Generalitat ha validado cuatro vías de solvencia técnica presentadas por Sirt. Entre ellas figura el proyecto PEBA-NGA ejecutado para Adamo, valorado en 49,6 millones de euros, orientado al despliegue de fibra en zonas rurales. Además, se han tenido en cuenta los servicios mayoristas prestados a este mismo operador, sobre una red que alcanzó una facturación de 151,5 millones de euros en 2024. Asimismo, el CTTI ha valorado positivamente trabajos realizados en el Centro de Competencia de Deutsche Telekom y un contrato previo con el propio organismo para la gestión de infraestructuras tecnológicas.
En conjunto, la administración considera que estas referencias acreditan experiencia equivalente en tecnologías como GPON y MPLS, así como en la prestación de servicios continuos con gestión 24x7.
El contrato XCAT, dotado con 127 millones de euros, permitirá interconectar 5.419 sedes públicas en Cataluña. Entre ellas se incluyen infraestructuras críticas como comisarías de los Mossos d’Esquadra, hospitales, centros educativos, sedes judiciales o servicios de emergencia.
Asimismo, la red está concebida como un paso hacia la independencia operativa de la Generalitat en materia de telecomunicaciones. El objetivo es sustituir progresivamente los servicios actuales y disponer de una infraestructura propia bajo control directo de la administración. En este sentido, el proyecto se configura como el embrión de una futura teleco pública catalana, con implicaciones relevantes en términos de soberanía digital y gestión de datos sensibles.
Más allá de los debates tecnológicos, la elección de Huawei como proveedor de equipamiento introduce un elemento adicional de debate. La Comisión Europea ha intensificado sus advertencias sobre el uso de proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE, especialmente en redes críticas.
Dado que el equipamiento representa una parte significativa del coste, una eventual obligación de sustitución podría incrementar notablemente la inversión necesaria
Además, Bruselas trabaja en una nueva normativa de ciberseguridad que podría extender las restricciones más allá de 5G a redes fijas, servicios cloud y otras infraestructuras digitales en un plazo de tres años. Este escenario plantea un riesgo potencial para el proyecto. Dado que el equipamiento representa una parte significativa del coste, una eventual obligación de sustitución podría incrementar notablemente la inversión necesaria.
No obstante, la Generalitat sostiene que la normativa actual no permite excluir proveedores por su origen y que las recomendaciones europeas no tienen carácter vinculante en este ámbito.
Ahora, Telefónica y Cellnex disponen de la opción de recurrir nuevamente ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público o iniciar un procedimiento contencioso-administrativo.