La infancia continúa siendo uno de los grandes colectivos olvidados dentro de las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad empresarial en España según ha puesto de manifiesto el informe “Todas las empresas impactan en la infancia”, elaborado por UNICEF España junto al Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE University, que concluye que siete de cada diez empresas españolas no tienen en cuenta los derechos de niños, niñas y adolescentes en su modelo de negocio.
El estudio, considerado pionero en España, analiza el comportamiento de 75 compañías pertenecientes a diez sectores estratégicos de la economía, entre ellos alimentación, energía, consumo, salud, tecnología, medios de comunicación, turismo, servicios financieros, textil y gaming, para evaluar hasta qué punto integran el impacto que generan sobre la infancia.
El informe parte de una idea clara, todas las empresas, independientemente de su actividad, generan algún tipo de impacto sobre la infancia y ese impacto va mucho más allá del consumo de productos y servicios e incluye aspectos como la publicidad, el entorno digital, las condiciones laborales de las familias, la cadena de suministro o las políticas medioambientales, sin embargo, la investigación concluye que la mayoría de las organizaciones todavía no consideran a los menores como un grupo de interés específico dentro de sus procesos de toma de decisiones. Aunque muchas empresas han reforzado sus políticas de derechos humanos durante los últimos años, UNICEF advierte de que la infancia continúa ocupando un papel secundario, especialmente en ámbitos como el marketing, la comunicación o la evaluación de riesgos asociados a su actividad.
El análisis muestra importantes diferencias entre sectores, las compañías vinculadas a energía, consumo y salud obtienen las mejores puntuaciones gracias a una mayor integración de políticas relacionadas con los derechos de la infancia. Según el informe, se trata de actividades más reguladas o con una relación más directa con niños y adolescentes, lo que favorece una respuesta más rápida por parte de las empresas. En el extremo contrario aparecen turismo y viajes, tecnología y gaming, así como estética y textil, sectores que presentan los niveles más bajos de integración de este tipo de políticas y donde todavía existe un amplio margen de mejora.
Para elaborar el informe, UNICEF analiza dos grandes áreas, la primera evalúa la debida diligencia, es decir, la capacidad de las empresas para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con los derechos de la infancia y la segunda estudia cómo abordan cuestiones específicas derivadas de su actividad, como la protección infantil, el impacto medioambiental o las prácticas de comunicación y publicidad dirigidas a menores. Los resultados muestran que las compañías obtienen su mejor valoración en la integración de políticas internas y sistemas de gestión, con una puntuación media de 0,92 sobre 2, aunque todavía lejos del aprobado, empeorando la situación al analizar la aplicación práctica de medidas específicas, donde la nota desciende hasta 0,57 sobre 2, reflejando que muchas iniciativas aún no se traducen en acciones concretas.
UNICEF señala que la protección de la infancia no debe limitarse únicamente a combatir el trabajo infantil, el informe destaca otros aspectos que todavía reciben poca atención, como las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores, las políticas de maternidad y paternidad, la protección de las empleadas embarazadas, la conciliación familiar, el acceso al cuidado infantil o las condiciones de vida de las comunidades proveedoras. Además, la organización considera que muchas empresas siguen sin medir de forma consistente el impacto real de sus decisiones sobre niños y adolescentes, dificultando así la identificación de riesgos y oportunidades de mejora.
El estudio también pone el foco en el creciente peso del entorno digital en la vida de los menores, UNICEF considera imprescindible que las compañías adopten políticas responsables en materia de comunicación, promuevan plataformas adaptadas a la edad de los usuarios y desarrollen productos digitales que favorezcan el bienestar infantil sin generar riesgos adicionales. La organización recuerda que la creciente digitalización exige incorporar medidas específicas para fomentar un uso responsable de la tecnología y proteger a los menores frente a contenidos o prácticas potencialmente perjudiciales.
Como resultado del estudio, UNICEF plantea varias líneas de actuación para impulsar una mayor integración de los derechos de la infancia en la estrategia empresarial y entre las principales recomendaciones destacan reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés específico, garantizar su protección frente a cualquier forma de violencia, desarrollar políticas responsables de comunicación y marketing, crear entornos digitales seguros, reforzar la protección medioambiental e incorporar la participación de la infancia en determinados procesos de toma de decisiones. Asimismo, la organización anima a las empresas a diseñar productos y servicios que contribuyan activamente al bienestar infantil y a medir de forma sistemática el impacto de su actividad sobre este colectivo.
“El reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión del impacto, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia".
Para José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, el principal desafío no consiste en crear nuevos mecanismos de gestión, sino en adaptar los existentes para incorporar de forma explícita los derechos de la infancia, “el reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión del impacto, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia”.
El responsable de UNICEF España subraya además que esta transformación no solo responde a una cuestión ética o social, sino también estratégica. El informe concluye que todas las empresas influyen, en mayor o menor medida, en la vida de niños, niñas y adolescentes, por lo que avanzar hacia modelos de negocio más responsables no solo contribuirá a proteger sus derechos, sino que también permitirá a las organizaciones reforzar su sostenibilidad, competitividad y capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad.