Además de la sanción económica, Bruselas ha ordenado a la empresa adoptar medidas para corregir las deficiencias detectadas y reforzar la protección de los consumidores europeos. La decisión pone fin a una investigación iniciada en marzo de 2024 y representa una de las actuaciones más relevantes de la Comisión en la aplicación de la DSA a las grandes plataformas digitales. Según el Ejecutivo comunitario, AliExpress no realizó una evaluación adecuada de los riesgos sistémicos asociados a su actividad ni implantó mecanismos eficaces para impedir que productos peligrosos o falsificados permanecieran disponibles para los usuarios.
La Comisión concluye que AliExpress incumplió varias de las obligaciones impuestas por la Ley de Servicios Digitales. Entre ellas, destaca que la plataforma no evaluó correctamente si disponía del número suficiente de moderadores para revisar productos potencialmente ilegales y sobreestimó la eficacia de sus sistemas automáticos de detección y retirada de contenidos.
Asimismo, Bruselas considera que la compañía no analizó adecuadamente el impacto de sus sistemas de recomendación y publicidad en la difusión de productos ilegales. Las pruebas realizadas durante la investigación demostraron que numerosos artículos prohibidos seguían siendo recomendados o anunciados a los consumidores antes de ser retirados de la plataforma.
La investigación también concluye que AliExpress carecía de métricas cuantitativas adecuadas para medir la eficacia de sus sistemas de moderación. Según la Comisión, la empresa utilizó un único indicador que no permitía evaluar si los productos ilegales desaparecían realmente o lo hacían bajo nuevas publicaciones.
"La propagación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no es un coste inevitable de las compras en línea, es un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales", apunta la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, y añade que "la escala no es una excusa; los riesgos deben identificarse y abordarse sistemáticamente para garantizar que los consumidores puedan comprar en línea de forma segura".
Además de las deficiencias en la evaluación de riesgos, la Comisión sostiene que AliExpress tampoco adoptó medidas eficaces para reducir la presencia de productos ilegales en su plataforma. Durante la investigación se detectó la comercialización de artículos falsificados, juguetes inseguros y cosméticos potencialmente peligrosos que permanecían disponibles durante semanas incluso después de ser identificados.
Bruselas también critica que la plataforma no aplicara correctamente su política de sanciones contra los vendedores infractores, permitiendo que numerosos comercios continuaran activos pese a haber sido penalizados anteriormente.
Otro de los aspectos señalados afecta a los controles de conformidad de los productos. Según la Comisión, los vendedores podían eludir fácilmente las verificaciones clasificando de forma incorrecta los artículos para beneficiarse de requisitos menos estrictos. Del mismo modo, el sistema obligatorio de "autorización de marca", diseñado para evitar la venta de falsificaciones, resultó insuficiente y carecía del personal necesario para garantizar su eficacia.
La multa tiene en cuenta la naturaleza de las infracciones, el número de usuarios europeos potencialmente afectados y la duración de los incumplimientos, que, según la Comisión, se prolongaron al menos hasta junio de 2025. No obstante, Bruselas también ha considerado como circunstancia atenuante el carácter relativamente reciente de la Ley de Servicios Digitales.
AliExpress dispone ahora hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar un plan de acción que detalle las medidas con las que corregirá las deficiencias detectadas. Posteriormente, el Comité Europeo de Servicios Digitales emitirá un dictamen y la Comisión adoptará una decisión definitiva con el calendario de aplicación correspondiente. En caso de incumplimiento, la plataforma podría enfrentarse a nuevas multas coercitivas.