Entre sus principales recomendaciones figuran un mayor desarrollo del régimen de prestación cuando no exista un operador designado y una regulación más precisa de las tarifas sociales para asegurar que los descuentos lleguen realmente a los usuarios con menores recursos.
El organismo considera que el texto supone un avance respecto al marco vigente, especialmente por la mejora de las condiciones de acceso a Internet y por el refuerzo de la protección de los consumidores. No obstante, advierte de que algunos aspectos requieren mayor concreción para evitar problemas de aplicación una vez entre en vigor la norma.
Una de las principales observaciones del regulador afecta al nuevo modelo de prestación del servicio universal. El proyecto, en línea con la Ley General de Telecomunicaciones, contempla que no sea necesario designar un operador específico cuando el mercado garantice por sí mismo la prestación del servicio en condiciones adecuadas de competencia.
En ese escenario, todos los operadores deberán atender las solicitudes de los usuarios en aquellas zonas donde dispongan de cobertura. Sin embargo, la CNMC considera necesario concretar mejor cómo deberá aplicarse este sistema, especialmente en aquellos casos en los que la prestación implique costes elevados o inversiones adicionales.
Asimismo, propone estudiar mecanismos complementarios, como ayudas públicas o instrumentos de apoyo a la demanda, que permitan garantizar el acceso efectivo al servicio universal sin imponer obligaciones adicionales a los operadores más allá de las previstas en la legislación vigente.
Otro de los puntos sobre los que incide el informe corresponde a las tarifas sociales destinadas a los usuarios vulnerables. La CNMC valora positivamente que el proyecto identifique como beneficiarios a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y establezca un descuento mínimo del 25% sobre los servicios incluidos en el servicio universal. No obstante, considera necesario incorporar al reglamento la posibilidad de que la propia CNMC pueda revisar ese porcentaje en función de los resultados de su informe anual sobre asequibilidad. Además, advierte de que la regulación podría perder eficacia si no se adapta a la forma en la que actualmente contratan los usuarios los servicios de telecomunicaciones.
Por ello, propone que los descuentos continúen aplicándose aunque los servicios sujetos al servicio universal formen parte de paquetes convergentes que incluyan otros productos, como la telefonía móvil.
Aunque centra la mayor parte de sus observaciones en la aplicación práctica del reglamento, la CNMC realiza una valoración favorable del contenido general de la reforma. Entre las novedades más relevantes figura el incremento de la velocidad mínima del servicio universal de acceso a Internet, que pasará de 10 a 100 Mbps de descarga, además de la incorporación de nuevos parámetros de calidad, como la latencia.
El organismo considera que esta actualización responde al elevado despliegue de redes de alta capacidad en España y a los objetivos de digitalización. Asimismo, destaca que el nuevo reglamento amplía la protección de los usuarios y adapta el servicio universal a las necesidades actuales de conectividad. No obstante, insiste en que la efectividad de la norma dependerá de que se clarifiquen los aspectos señalados durante la tramitación para garantizar tanto la disponibilidad del servicio como su asequibilidad para todos los ciudadanos.