La nueva normativa afectará a toda la jornada escolar, incluidos los recreos y las actividades que se desarrollen fuera del recinto, y establece un marco común para unos centros que hasta ahora aplicaban reglas propias con distinto grado de exigencia.
La ley, firmada por el presidente polaco Karol Nawrocki después de superar la tramitación parlamentaria con un respaldo prácticamente unánime, otorga a los centros hasta finales de 2026 para adaptar su organización interna, aunque la prohibición comenzará a aplicarse desde el inicio del nuevo curso.
Con esta normativa, Polonia busca mejorar el bienestar digital, reforzar la seguridad de los menores y facilitar la actividad docente. La medida no se limita a los smartphones, ya que también afecta a dispositivos capaces de comunicarse o grabar audio y vídeo, aunque los centros podrán habilitar espacios específicos para guardar los dispositivos de forma segura, aunque la ley no les obliga a implantar un sistema único de custodia.
No obstante, el texto contempla varias excepciones. El director podrá autorizar el uso de un teléfono cuando resulte necesario por enfermedad, discapacidad u otras necesidades especiales del alumno. También se permitirá en situaciones de emergencia con riesgo directo para la vida, la salud o la propiedad. Asimismo, el profesorado podrá autorizar su utilización con fines educativos concretos. De este modo, la norma no elimina por completo los dispositivos del entorno escolar, pero restringe su empleo a casos justificados y bajo supervisión.
Por su lado, los centros de secundaria conservarán más autonomía, ya que la ley les permite introducir prohibiciones similares a través de sus propios reglamentos, aunque no establece un veto obligatorio para esta etapa.
La decisión sitúa a Polonia dentro de una tendencia regulatoria que se extiende por Europa. Francia prohibió en 2018 el uso de móviles a los menores de 15 años dentro de los recintos escolares, mientras que Italia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Finlandia y Eslovaquia han adoptado restricciones nacionales o directrices severas. Suecia también ha aprobado un veto obligatorio para el curso que comienza en agosto de 2026.
En España, en cambio, la regulación se ha desarrollado principalmente a través de las comunidades autónomas, muchas de las cuales prohíben el uso del móvil desde la entrada hasta la salida del centro, salvo por motivos pedagógicos o de salud. El debate ya no se centra únicamente en los teléfonos, puesto que algunas regiones españolas han comenzado a limitar también el uso de tabletas y ordenadores en Infantil y Primaria, con el objetivo de reducir la exposición a pantallas y recuperar prácticas como la escritura manual, la lectura en papel y la enseñanza presencial.