La Autoridad de Protección de Datos de Países Bajos ha impuesto a Uber una multa de 825 millones de euros, unos 966 millones de dólares, por la utilización de sistemas automatizados para tomar decisiones que afectaban directamente a los conductores de la plataforma. La sanción, correspondiente a una resolución del pasado 17 de agosto revisada por Reuters, se convierte en la segunda mayor multa impuesta hasta ahora bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El organismo neerlandés considera que Uber cometió infracciones graves al suspender cuentas de conductores sin proporcionarles información suficiente y, en determinados casos, sin una intervención humana significativa. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en Francia relacionada con decisiones algorítmicas que afectaban a conductores europeos y terminó siendo gestionada por el regulador neerlandés debido a que Uber tiene su sede europea en Países Bajos.
El caso se remonta a incidentes ocurridos entre 2018 y 2022, cuando Uber utilizaba sistemas automatizados para detectar posibles comportamientos fraudulentos por parte de sus conductores, entre las situaciones investigadas se encontraban casos en los que los sistemas de Uber determinaban que un conductor había realizado desvíos innecesarios para aumentar artificialmente el precio de un trayecto o había aceptado viajes sin intención de completarlos, estas detecciones podían provocar la suspensión temporal de las cuentas.
La compañía sostiene que estas suspensiones normalmente eran breves y que las desactivaciones permanentes no se realizaban de manera completamente automatizada, ya que existían procesos de revisión humana y mecanismos para que los conductores pudieran impugnar las decisiones. Sin embargo, la autoridad neerlandesa sostiene que algunos conductores con bajas valoraciones de los clientes llegaron a ser desactivados de forma permanente mediante decisiones automatizadas, Uber niega esta última afirmación y asegura que nunca automatizó las decisiones de desactivación permanente por este motivo.
El conflicto se encuentra directamente relacionado con las normas europeas sobre decisiones automatizadas, el RGPD establece límites a las decisiones tomadas exclusivamente mediante algoritmos cuando estas pueden producir efectos significativos sobre una persona. En este caso, el regulador considera especialmente relevante el impacto económico de las decisiones, ya que una suspensión o desactivación de una cuenta de Uber puede significar que un conductor deje de tener acceso a una fuente de ingresos.
Monique Verdier, vicepresidenta de la Autoridad de Protección de Datos de Países Bajos, ha defendido que una decisión de este tipo no debería quedar exclusivamente en manos de un sistema informático, el organismo considera que los conductores deben contar con una revisión humana significativa y con la posibilidad de cuestionar las decisiones que afectan a su actividad. Uber ha rechazado las conclusiones del regulador y ha anunciado que recurrirá la sanción de 825 millones de euros, la compañía considera que la cantidad es desproporcionada y defiende que se toma en serio los derechos de los conductores.
Además, Uber argumenta que el número de personas afectadas fue reducido, según la compañía, únicamente 126 conductores fueron desactivados en Europa durante 2021 como consecuencia de sus bajas valoraciones, aunque el regulador mantiene sus conclusiones sobre el funcionamiento de los sistemas automatizados. La autoridad neerlandesa señala que la multa se calculó como una fracción de la facturación anual de Uber en 2025, siguiendo los criterios establecidos por la normativa europea.
La sanción se sitúa entre las mayores impuestas bajo el RGPD y solo queda por detrás, según Reuters, de la multa de 1.200 millones de euros que Irlanda impuso a Meta en 2023 por la transferencia de datos de usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos. Meta también recurrió aquella sanción, el caso de Uber vuelve a poner de manifiesto la presión de los reguladores europeos sobre las grandes plataformas tecnológicas y, especialmente, sobre el uso de sistemas automatizados para tomar decisiones con consecuencias económicas o laborales.
La investigación también ha contado con la participación del grupo suizo de derechos digitales PersonalData.io, que ayudó a varios conductores franceses de Uber a obtener información sobre las decisiones algorítmicas que afectaban a su actividad. Su fundador, Paul-Olivier Dehaye, ha señalado que el grupo prepara además una demanda colectiva para reclamar compensaciones a los conductores afectados.