Diecisiete responsables de algunos de los principales operadores europeos han lanzado un mensaje conjunto a las instituciones comunitarias: Europa todavía controla sus redes de conectividad, pero puede perder esa posición si las reformas regulatorias reducen la capacidad de inversión del sector. La declaración, dirigida a las instituciones de la Unión Europea, reclama cambios en las políticas sobre espectro, fibra, consolidación, neutralidad de red y ciberseguridad. Entre los firmantes figuran Marc Murtra, presidente y CEO de Telefónica; Christel Heydemann, CEO de Orange; y Timotheus Höttges, CEO de Deutsche Telekom, entre otros.
“Las redes de conectividad son la base del ecosistema tecnológico europeo y, hoy, todavía controlamos esta capa crítica”, sostienen los directivos. Sin embargo, advierten que las reformas “incoherentes” pueden poner en riesgo esa posición y obligar a Europa a elegir entre reforzar la conectividad para impulsar su liderazgo tecnológico o “arriesgarse a perder el control de todo el ecosistema”.
Las telecos vinculan sus reivindicaciones con las necesidades de inversión que afrontará Europa ante el despliegue de nuevas infraestructuras. Según la carta enviada por los directivos, el ecosistema de conectividad representa el 5% del PIB europeo y los operadores invierten 64.000 millones de euros anuales. No obstante, calculan que harán falta otros 475.000 millones únicamente para disponer de redes móviles de primer nivel.
El sector se ofrece a asumir parte de ese esfuerzo con conectividad gigabit, 5G SA para la industria, cables submarinos, satélites y futuras redes 6G. Además, plantea participar en la construcción de fábricas y gigafactorías de IA, plataformas de inteligencia artificial abiertas y soberanas, centros de datos, edge cloud y servicios cloud europeos. En defensa, cita comunicaciones militares seguras, detección de drones, ciberseguridad, network slicing 5G y comunicaciones por satélite.
A cambio, los directivos reclaman una revisión de las condiciones regulatorias. En materia de fusiones, defienden una modernización de las reglas que permita tanto la consolidación dentro de los mercados nacionales como las operaciones transfronterizas para ganar escala.
Asimismo, solicitan que las licencias de espectro tengan carácter indefinido como norma general y una duración mínima de 40 años en casos excepcionales. Las compañías aseguran que el sector ha destinado 110.000 millones de euros a licencias de espectro durante los últimos doce años y sostienen que reducir la frecuencia de las subastas liberaría recursos para fibra, 5G y 6G.
Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en el futuro Digital Networks Act (DNA) que los CEO consideran que no mejora de forma suficiente las condiciones para invertir e innovar en conectividad y rechazan que Bruselas imponga el cierre de redes todavía operativas.
Los operadores europeos invierten más de 30.000 millones de euros anuales en FTTH, pero defienden que la migración hacia la fibra debe depender de las condiciones de despliegue, la elección de los consumidores y la evolución de la demanda. A su juicio, obligar al apagado de redes funcionales restringiría las opciones de los usuarios y debilitaría la competencia entre infraestructuras.
También reclaman una revisión del marco regulatorio diseñado para las antiguas redes de cobre. En este sentido, sostienen que, cuando exista competencia efectiva, esta debe ocupar el papel principal y la regulación debe quedar como mecanismo de protección. La carta también se refiere a la norma de la neutralidad de red: las compañías aseguran que es posible mantener los principios de Internet abierto y, al mismo tiempo, habilitar nuevos servicios sobre 5G y 6G mediante network slicing y diferentes niveles de calidad.
El otro frente está en la revisión del Cybersecurity Act (CSA), sobre la que los firmantes advierten que las obligaciones horizontales de retirada de determinados equipos podrían generar hasta 40.000 millones de euros en costes de sustitución, además de alteraciones operativas y efectos sobre los clientes. Por ello, reclaman un enfoque “proporcionado y basado en el riesgo” que contemple medidas alternativas antes de ordenar reemplazos de infraestructura.