El debate sobre la contribución de las grandes plataformas digitales a las redes de telecomunicaciones vuelve a Bruselas, esta vez dentro del Digital Networks Act (DNA).
Según un nuevo estudio elaborado por el experto Benoît Felten, director general de Fiberevolution, para CCIA Europe, el lobby de las grandes tecnológicas, la propuesta legislativa de la Comisión Europea no cierra la puerta a las llamadas network fees o fair share, sino que podría abrir dos caminos jurídicos para introducirlas en el mercado europeo de interconexión IP.
El informe sostiene que el texto del DNA parte de una premisa no demostrada: que la cooperación entre operadores de telecomunicaciones, proveedores de contenidos, redes de distribución, centros de datos y otros actores del ecosistema digital no funciona correctamente. Frente a esa interpretación, Felten defiende que el mercado europeo de interconexión sigue siendo eficiente, con millones de acuerdos entre redes, algunos de los mayores puntos de intercambio de tráfico del mundo y precios de tránsito entre los más bajos a escala internacional.
La alerta llega en pleno proceso legislativo, con el Parlamento Europeo y el Consejo llamados a negociar el futuro marco común de las redes digitales. Además, el borrador de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo ha elevado la preocupación del sector al plantear un mecanismo obligatorio de resolución de disputas, una fórmula que, para CCIA Europe, podría dar a los grandes operadores una vía directa para reclamar pagos a servicios online, CDN, proveedores de tránsito y otros actores de la infraestructura de Internet.
“Las network fees fueron rechazadas repetidamente porque dañarían a los consumidores, a las empresas y a la Internet abierta”
Para Maria Teresa Stecher, directora de Políticas del CCIA Europe, “las network fees (o fair share) fueron rechazadas repetidamente porque dañarían a los consumidores, a las empresas y a la Internet abierta”. La organización considera que el riesgo ya no está en propuestas abstractas o documentos de consulta, sino en disposiciones concretas de una ley europea en tramitación.
Qué son las network fees o fair share y por qué vuelven al debate
Las denominadas network fees o fair share llevan años dividiendo al sector europeo de las telecomunicaciones. Los grandes operadores sostienen que las plataformas digitales y los proveedores de contenidos que generan un elevado volumen de tráfico deberían contribuir económicamente a financiar las infraestructuras sobre las que circulan esos datos. Frente a esta posición, compañías tecnológicas, operadores de Internet, redes de distribución de contenidos (CDN) y asociaciones del ecosistema digital defienden que ese modelo rompería el funcionamiento tradicional de Internet, basado en acuerdos comerciales voluntarios de interconexión entre redes.
Precisamente esa discusión parecía haber quedado atrás después de que la Comisión Europea descartara impulsar una regulación específica sobre el denominado fair share, en parte por el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos. Sin embargo, el estudio elaborado por Fiberevolution para CCIA Europe sostiene que el debate reaparece ahora de forma indirecta dentro del Digital Networks Act. El documento recoge que determinadas disposiciones del futuro reglamento podrían permitir que conflictos sobre interconexión IP acabaran sometidos a procedimientos obligatorios de arbitraje o conciliación, creando un precedente que facilitaría la imposición de pagos por intercambio de tráfico.
"No existe ninguna evidencia de que el mercado de interconexión IP esté roto"
Durante un encuentro con periodistas, el director general de Fiberevolution, Benoît Felten, ha insistido en que el problema no responde a una necesidad técnica. "No existe ninguna evidencia de que el mercado de interconexión IP esté roto", defiende el directivo que insiste en que Internet continúa funcionando gracias a un ecosistema de acuerdos privados que ha permitido el crecimiento de la economía digital durante décadas sin necesidad de intervención regulatoria.
Asimismo, Felten ha recordado que Europa alberga algunos de los mayores puntos de intercambio de tráfico del mundo y dispone de uno de los mercados de tránsito IP más competitivos, con precios que han descendido de forma continuada durante los últimos años. A su juicio, introducir mecanismos regulatorios sobre un mercado que ya funciona podría generar el efecto contrario al perseguido y abrir la puerta a nuevos costes para empresas, plataformas digitales y, finalmente, consumidores.
Qué cambia con la Digital Networks Act
El estudio centra su preocupación en dos disposiciones concretas del futuro Digital Networks Act (DNA), que, a juicio de sus autores, podrían modificar el funcionamiento del mercado europeo de interconexión IP. Según Fiberevolution, la combinación de ambos cambios podría alterar el funcionamiento del actual mercado europeo de interconexión IP y abrir la puerta a que los operadores de telecomunicaciones reclamen compensaciones económicas por el intercambio de tráfico con otros actores de Internet.
El primero afecta al ámbito de aplicación del régimen de autorización general previsto en el artículo 9.2 de la propuesta legislativa. El documento sostiene que la DNA amplía esa autorización más allá de los operadores tradicionales para incluir también redes privadas, redes de distribución de contenidos (CDN) y otras infraestructuras de Internet. De este modo, entidades que hasta ahora no estaban sujetas a determinadas obligaciones regulatorias podrían quedar sometidas a nuevos mecanismos de resolución de conflictos en materia de interconexión.
El segundo elemento procede de las enmiendas parlamentarias a los artículos 191 a 193, que convertirían en obligatorio un procedimiento de conciliación que actualmente tiene carácter voluntario. En el informe apuntan que cualquier "undertaking" podría verse obligado a participar en ese proceso cuando surgiera un desacuerdo sobre condiciones de interconexión, lo que otorgaría un nuevo papel a los reguladores nacionales y a BEREC en conflictos que hasta ahora se resolvían mediante negociación comercial entre las partes.
"No hace falta que la ley diga 'network fees'; basta con crear un mecanismo de arbitraje obligatorio sobre la interconexión para que aparezcan"
Durante el encuentro con periodistas, Benoît Felten ha insistido en que ninguna de estas medidas menciona expresamente las denominadas network fees, o fair share. Sin embargo, advierte que la combinación de ambas podría generar el marco jurídico necesario para introducirlas de forma indirecta. "No hace falta que la ley diga 'network fees'; basta con crear un mecanismo de arbitraje obligatorio sobre la interconexión para que aparezcan", resume el experto.
A juicio de CCIA Europe, ese cambio supondría una modificación profunda de la arquitectura regulatoria de Internet en Europa, al trasladar a la esfera administrativa decisiones que tradicionalmente han dependido de acuerdos privados entre redes. Ese precedente, sostiene la organización, podría extenderse posteriormente a otros mercados y transformar el modelo de interconexión que ha sustentado el crecimiento de Internet durante las últimas décadas.
Las posibles consecuencias: más costes y una Internet menos eficiente
El estudio sostiene que, si ambos mecanismos terminan incorporándose al texto definitivo de la Digital Networks Act, el impacto iría mucho más allá de los operadores de telecomunicaciones. Según Fiberevolution, la posibilidad de recurrir a procedimientos obligatorios de arbitraje o conciliación en materia de interconexión permitiría a grandes operadores aprovechar su posición en el mercado para negociar pagos por terminación de tráfico, creando un precedente con efectos sobre todo en el ecosistema digital.
A partir de ese escenario, el informe dibuja una cadena de consecuencias. En primer lugar, aumentaría el coste de la interconexión para plataformas digitales, proveedores de contenidos, redes de distribución (CDN) y otros operadores de Internet. Posteriormente, ese incremento acabaría trasladándose al precio de los servicios online utilizados por empresas y consumidores europeos.
Por otro lado, Fiberevolution considera que la introducción de este tipo de mecanismos alteraría el funcionamiento técnico de Internet. En lugar de priorizar las decisiones basadas en criterios de eficiencia y buenas prácticas de ingeniería, las redes podrían verse condicionadas por procesos regulatorios o arbitrales para definir cómo y en qué condiciones intercambian tráfico. Según el estudio, ello reduciría la resiliencia de la infraestructura europea y dificultaría la optimización del tráfico entre redes.
El informe también advierte de un posible impacto sobre la innovación. A juicio de los autores del texto, cualquier incremento estructural de los costes de interconexión elevaría el precio del despliegue de nuevos servicios digitales en Europa y restaría competitividad al ecosistema tecnológico europeo frente a otras regiones. En paralelo, esa presión económica podría trasladarse tanto a empresas como a consumidores finales mediante un encarecimiento de los servicios digitales.
Durante el encuentro con periodistas, Benoît Felten ha insistido en que la interconexión IP constituye uno de los mercados más competitivos de Internet y ha recordado que los precios del tránsito llevan décadas descendiendo gracias a la competencia y a la evolución tecnológica. En este sentido, defiende que sustituir un modelo basado en acuerdos comerciales voluntarios por otro sujeto a arbitrajes regulatorios introduciría incertidumbre en un mercado que "ha funcionado extraordinariamente bien durante décadas".
El debate entra en la negociación política
El estudio llega en un momento decisivo para el futuro del Digital Networks Act ya que la propuesta legislativa deberá negociarse ahora entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, un proceso en el que tanto operadores de telecomunicaciones como empresas tecnológicas intentarán influir sobre la redacción definitiva de una norma llamada a redefinir el mercado europeo de las comunicaciones electrónicas durante la próxima década.
Desde CCIA Europe consideran que el riesgo no está únicamente en la posible introducción de nuevas obligaciones económicas, sino también en modificar un modelo de interconexión que ha permitido el crecimiento de Internet sin intervención regulatoria directa. Finalmente, la organización sostiene que cualquier intervención sobre el mercado de interconexión debería apoyarse en evidencias que demuestren un fallo estructural del sistema. Según Felten, esa prueba no existe en la actualidad y defiende que Europa cuenta con algunos de los mayores puntos de intercambio de tráfico del mundo, un mercado altamente competitivo y precios de tránsito IP entre los más bajos del mercado internacional, factores que, a su juicio, evidencian el buen funcionamiento del ecosistema.
En este sentido, CCIA Europe reclama que el texto definitivo de la Digital Networks Act preserve el carácter voluntario de los acuerdos de interconexión y evite introducir mecanismos que puedan interpretarse como una vía indirecta para implantar pagos obligatorios entre redes.
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