La tecnológica cuestiona especialmente las garantías de anonimización de las búsquedas y el acceso que deberán recibir servicios de inteligencia artificial de terceros a funciones del sistema móvil.
Las medidas, adoptadas por Bruselas el pasado 16 de julio, afectan a dos obligaciones distintas de la DMA. El artículo 6(11) exige a Google proporcionar a otros buscadores datos anonimizados de consultas, resultados, clics y visualizaciones bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Por su parte, el artículo 6(7) obliga a garantizar la interoperabilidad de Android con servicios de IA rivales de los propios, como Gemini.
“Estamos apelando decisiones que nos obligarán a compartir el historial de búsqueda privado de las personas sin una anonimización suficiente y que debilitarán protecciones de seguridad vitales en Android”, sostiene Oliver Bethell, director sénior de Competencia de Google.
El principal enfrentamiento se centra en el tratamiento de los datos de Google Search. La compañía argumenta que las consultas pueden revelar información personal especialmente sensible y considera que los actuales sistemas de IA aumentan la capacidad de relacionar datos aparentemente anónimos hasta identificar a una persona.
“Las personas usan la búsqueda para sus preguntas más personales, desde preocupaciones médicas hasta relaciones cercanas, y exigir que compartamos estas consultas personales sin las salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad del usuario”, defiende Bethell.
La Comisión mantiene una interpretación diferente, puesto que exigen anonimizar los datos personales de los usuarios antes de transferirlos y establece medidas técnicas y contractuales contra la reidentificación, además de auditorías independientes. Bruselas precisa también que no se compartirán datos de cuentas ni historiales de búsqueda completos y contempla la supresión de consultas muy largas o con palabras poco frecuentes, entre otras modificaciones.
Además, los beneficiarios no podrán emplear esos datos para entrenar modelos de IA de propósito general, elaborar perfiles publicitarios o replicar sistemáticamente los resultados de Google. El acceso queda destinado al desarrollo y optimización de servicios de búsqueda.
Google deberá completar el conjunto de datos anonimizado en noviembre de 2026 y finalizar en enero de 2027 las condiciones económicas para facilitarlo a los buscadores que cumplan los requisitos.
El segundo frente afecta a Android. En este sentido, la Comisión quiere que asistentes de IA de terceros puedan acceder a funcionalidades del sistema en condiciones equivalentes a los servicios de Google. Bruselas considera que actualmente estos competidores disponen de un acceso más limitado a determinadas capacidades del sistema operativo.
Google sostiene, por el contrario, que Android ya ofrece un entorno abierto e interoperable y que los asistentes rivales disponen de posibilidades para acceder de forma segura a sus capacidades. La compañía alerta de que una apertura más profunda puede conceder permisos sensibles a aplicaciones que no hayan sido examinadas por los fabricantes de los dispositivos.
La disputa llega además después de que la Comisión Europea multara en julio a Google con 890 millones de euros por otras dos infracciones de la DMA. Bruselas impuso 460 millones por favorecer sus propios servicios en Google Search y otros 430 millones por las restricciones de Google Play que dificultaban que los desarrolladores dirigieran a los usuarios hacia canales alternativos de compra.