La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) al remitir a Google sus conclusiones preliminares sobre cómo debe compartir los datos de su motor de búsqueda con terceros.
La medida busca corregir posibles desequilibrios competitivos en el ecosistema digital, especialmente en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial y los servicios basados en datos. Con ello, el objetivo de Bruselas es obligar al gigante tecnológico a facilitar acceso a información clave como consultas, rankings, clics o visualizaciones, de manera que otros motores de búsqueda y servicios digitales puedan desarrollar productos competitivos. Asimismo, la Comisión pretende evitar que el control exclusivo de estos datos consolide la posición dominante de Google en el mercado.
Los datos, eje estratégico de la competencia digital
El núcleo de la propuesta comunitaria reside en considerar los datos de búsqueda como un recurso esencial para la innovación tecnológica. En este sentido, la Comisión sostiene que el acceso a estos datos resulta crítico tanto para motores de búsqueda alternativos como para nuevos servicios, incluidos los chatbots de inteligencia artificial con capacidades de consulta.
“Los datos son un elemento clave para las búsquedas online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la inteligencia artificial. El acceso a estos datos no debe restringirse de forma que pueda perjudicar a la competencia”
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha subrayado que “los datos son un elemento clave para las búsquedas online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la inteligencia artificial. El acceso a estos datos no debe restringirse de forma que pueda perjudicar a la competencia”. De este modo, el Ejecutivo comunitario refuerza su enfoque regulatorio sobre los denominados “guardianes de acceso”, grandes plataformas que actúan como puerta de entrada al ecosistema digital.
Además, la propuesta establece que el acceso a los datos debe realizarse en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, lo que introduce un marco de referencia para futuras negociaciones entre Google y potenciales beneficiarios.
Las exigencias planteadas por Bruselas abarcan múltiples dimensiones técnicas y operativas. Por un lado, se define qué actores podrán acceder a los datos, incluyendo motores de búsqueda competidores y sistemas de inteligencia artificial con funcionalidades equivalentes. Por otro lado, la Comisión delimita el tipo de información que Google deberá compartir, así como los mecanismos y la frecuencia de acceso. Asimismo, introduce requisitos específicos para garantizar la anonimización de los datos personales, con el fin de compatibilizar la apertura del mercado con la protección de la privacidad.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario contempla la definición de parámetros para fijar precios por el acceso a estos datos. Estos deberán ser transparentes y no discriminatorios, aunque la Comisión no ha detallado aún cómo se concretarán en la práctica.
Consulta pública y calendario regulatorio
El proceso regulatorio entra ahora en una fase clave de consulta pública. Bruselas ha invitado a las partes interesadas, incluidos competidores, desarrolladores y el propio Google, a presentar observaciones hasta el próximo 1 de mayo. Este mecanismo permitirá ajustar las medidas antes de su adopción definitiva.
La decisión final, que será vinculante, deberá adoptarse antes del 27 de julio de 2026. En función de los resultados, la Comisión podría introducir modificaciones en los criterios establecidos para garantizar su eficacia en el mercado real.
Qué dice Google
Desde Google se ha cuestionado abiertamente la propuesta comunitaria. La compañía ha advertido de que la cesión de datos podría comprometer la privacidad de los usuarios, incluso en escenarios de anonimización. En este sentido, la empresa ha señalado que “cientos de millones de europeos confían en Google para realizar sus búsquedas más delicadas, incluidas cuestiones privadas sobre su salud, su familia y sus finanzas, y la propuesta de la Comisión nos obligaría a ceder estos datos a terceros”. Asimismo, ha calificado la iniciativa como una “extralimitación” regulatoria.
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