Los cambios llegan después de las advertencias del sector sobre el impacto de la normativa en las inversiones previstas y su posible traslado a otros mercados europeos. El nuevo borrador, remitido al Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva, incorpora un régimen de excepciones para centros de datos cuyo titular sea una entidad del sector público estatal con la condición de operador crítico, así como para instalaciones adscritas a estas entidades.
La modificación gana especial relevancia ante el proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial previsto en Móra la Nova (Tarragona), cuya inversión podría alcanzar los 5.000 millones de euros. Fuentes del sector consideran que la nueva disposición podría facilitar su desarrollo, aunque el texto no establece expresamente una exención para esta infraestructura.
Uno de los principales cambios afecta a la obligación de cubrir el consumo eléctrico de los centros de datos mediante energías renovables. La propuesta inicial exigía alcanzar una cobertura del 80%, mientras que el nuevo texto introduce un calendario progresivo para facilitar su cumplimiento.
Según el análisis de Jefferies, la exigencia se situaría en el 60% durante las horas punta hasta finales de 2028, aumentaría al 70% en 2029 y alcanzaría el 80% a partir de 2032. Sin embargo, el borrador mantiene el requisito de acreditar la cobertura renovable hora a hora, uno de los aspectos más cuestionados por los promotores. El sector advierte que esta condición obligaría a sobredimensionar las instalaciones eólicas y fotovoltaicas vinculadas a los centros de datos para garantizar el suministro durante determinados periodos.
Asimismo, se amplía de 18 a 36 meses la antigüedad permitida para las instalaciones renovables elegibles, con una excepción específica para las plantas solares. Otra modificación relevante es la eliminación del criterio de adicionalidad, que exigía respaldar cada megavatio adicional de demanda eléctrica con un megavatio de nueva capacidad renovable.
Además, el umbral de aplicación de la normativa aumenta de 1 MW a 10 MW, por lo que las instalaciones de menor potencia quedarían fuera de estas obligaciones.
La posible aplicación de las excepciones a la gigafactoría catalana introduce una dimensión industrial y política en la tramitación del decreto. El proyecto forma parte de la candidatura española a la iniciativa europea InvestAI, que pretende movilizar 20.000 millones de euros para desarrollar infraestructuras de inteligencia artificial. España compite con más de 75 propuestas para acceder a una de las cuatro primeras gigafactorías que Bruselas prevé seleccionar este año.
La sociedad promotora contará inicialmente con una participación del 47,99% del Gobierno central, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), y del 1% de la Generalitat de Cataluña. Por su parte, Telefónica, ACS y Banco Santander controlarán conjuntamente el 47%, con participaciones individuales del 15,67%.
Pese a las modificaciones, la patronal Spain DC mantiene sus reservas sobre el impacto del decreto. Según sus estimaciones, España cuenta con inversiones comprometidas de hasta 67.000 millones de euros entre 2026 y 2030, de las cuales hasta el 90% podría estar en riesgo de deslocalización hacia países como Portugal o Francia. La nueva propuesta llega después de recibir más de 600 alegaciones y un informe crítico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En el ámbito empresarial, Jefferies considera que la flexibilización reduce el riesgo regulatorio para Merlin Properties, especialmente por la eliminación de la adicionalidad y la ampliación de los plazos de adaptación.
No obstante, el marco normativo todavía está pendiente de aprobación definitiva. El Ejecutivo pretende completar su tramitación antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras el sector reclama condiciones que permitan compatibilizar la expansión de la infraestructura digital con las obligaciones de sostenibilidad energética.