La Comisión Europea ha ampliado hasta el 3 de diciembre el plazo para presentar proyectos a su convocatoria de gigafactorías de inteligencia artificial, después de que ningún consorcio haya formalizado todavía una candidatura.
La iniciativa aspira a movilizar más de 30.000 millones de euros para construir hasta siete grandes infraestructuras de computación
El calendario inicial contemplaba el cierre el 12 de noviembre, pero la ausencia de propuestas ha llevado a Bruselas a conceder tres semanas adicionales para completar las solicitudes. La iniciativa aspira a movilizar más de 30.000 millones de euros para construir hasta siete grandes infraestructuras de computación destinadas al desarrollo de modelos avanzados de IA. De esa cantidad, hasta 10.000 millones procederían de financiación europea y nacional, con el objetivo de atraer al menos otros 20.000 millones de inversión privada.
Entre los proyectos pendientes figura la candidatura española, impulsada por un consorcio público-privado en el que participan el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing. Sin embargo, a pesar de los compromisos financieros anunciados, España todavía no ha registrado oficialmente su propuesta.
El programa europeo pretende crear una red de instalaciones capaces de proporcionar recursos de computación a empresas, startups, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. Estas infraestructuras permitirán entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial que requieren grandes cantidades de capacidad de procesamiento.
La convocatoria contempla dos modalidades de financiación para respaldar hasta siete proyectos, con aportaciones de hasta 500 millones de euros por instalación en una categoría y hasta 1.000 millones en otra. Las propuestas podrán presentarse mediante consorcios nacionales o transfronterizos y se evaluarán mediante un procedimiento competitivo. La financiación se canalizará a través de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC), que contratará conjuntamente con 18 Estados miembros, entre ellos España, el acceso a los recursos de las instalaciones seleccionadas.
Además, Bruselas ha firmado cartas de intenciones con AMD, Nvidia y Qualcomm para facilitar el suministro de hardware necesario para estos proyectos, en el marco del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y desde la Comisión mantienen su intención de adjudicar las gigafactorías a comienzos de 2027 e iniciar ese mismo año la construcción de las primeras instalaciones.
España mantiene su proyecto mientras se complica la candidatura conjunta con Portugal
La propuesta española contempla dos emplazamientos, en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid), con una inversión prevista de entre 4.000 y 5.000 millones de euros.
Para ello, el Gobierno aprobó en julio una aportación de 719 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y autorizó otros 300 millones para EuroHPC destinados a la contratación de servicios de computación para un consorcio que tendrá una estructura societaria que reserva el 51% del capital a los inversores privados. Banco Santander, ACS y Telefónica controlarán un 15,67% cada uno, mientras que Multiverse Computing tendrá el 4%. Por su parte, la SETT dispondrá del 47,99% y la Generalitat de Cataluña contará inicialmente con el 1%.
Pese al acuerdo financiero y societario, el gran reto está en el calendario de construcción, ya que el centro de Móra la Nova todavía no ha comenzado a levantarse, por lo que el consorcio ha recurrido a un acuerdo con Iron Mountain para utilizar infraestructura en San Fernando de Henares mientras desarrolla el campus catalán.
La convocatoria para las gigafactorías de mayor tamaño exige disponer de al menos 40.000 aceleradores de IA en una primera fase, con una capacidad eléctrica de entre 20 y 50 megavatios y un plazo de despliegue de hasta 18 meses. Posteriormente, las instalaciones deberán alcanzar un mínimo de 150 megavatios.
En paralelo, España y Portugal mantienen conversaciones para explorar una candidatura conjunta, aunque las diferencias entre sus proyectos dificultan el acuerdo. Portugal trabaja con el Banco Português de Fomento y contempla utilizar un centro de datos de Merlin Properties en Lisboa, donde la compañía ha reservado 20 megavatios para esta posibilidad.