La resolución supone un equilibrio entre limitar el poder de mercado de Google y evitar una disrupción que, según el magistrado, habría tenido consecuencias negativas para consumidores y socios comerciales. La medida se produce después de que en 2024 el tribunal declarara a Google culpable de monopolizar ilegalmente los mercados de búsqueda en internet e inteligencia artificial.
Uno de los puntos centrales de la sentencia es la prohibición a Google de establecer contratos exclusivos que aseguren la preinstalación de su buscador en navegadores o dispositivos móviles. Durante años, la empresa ha destinado sumas millonarias a acuerdos de distribución que consolidaban su posición de dominio.
El propio juez Mehta subraya en la sentencia que esos contratos impedían a los competidores acceder a una parte sustancial del mercado y, en consecuencia, reducían la capacidad de los usuarios para elegir alternativas como Bing, DuckDuckGo o motores de nueva generación basados en inteligencia artificial.
En su fallo de 286 páginas emitido en 2024, el tribunal concluye que Google había llegado a pagar más de 26.000 millones de dólares a compañías como Apple para mantener la preferencia de su motor de búsqueda en iPhone y en el navegador Safari.
La sentencia también afecta a Apple, uno de los principales beneficiarios de los acuerdos de distribución. Aunque el juez no prohíbe a Google realizar pagos por ubicaciones preferentes, sí establece condiciones que obligan a la empresa de Cupertino a facilitar de forma más clara el acceso a buscadores alternativos.
Apple deberá actualizar anualmente sus opciones de motor de búsqueda por defecto, mejorar la promoción de alternativas y permitir que los usuarios configuren un buscador distinto en el modo privado. Pese a estos ajustes, el fabricante del iPhone mantiene el flujo de ingresos procedente de Google, estimado en más de 20.000 millones de dólares anuales, una cifra clave para su división de servicios, valorada en 100.000 millones de dólares al año.
El aspecto más innovador de la sentencia es la obligación de que Google comparta parte de los datos de búsqueda que recopila con sus rivales directos. Esta medida busca reducir la asimetría de información que favorece a la compañía y permitir que otros actores puedan mejorar sus motores de búsqueda y servicios de inteligencia artificial.
Entre los potenciales beneficiarios figuran Microsoft, DuckDuckGo, así como empresas emergentes de IA como OpenAI, Anthropic o Perplexity. El objetivo es ofrecerles acceso a información que permita entrenar sus modelos y competir en mejores condiciones en un mercado históricamente concentrado.
El Departamento de Justicia había solicitado que Google se desprendiera de Chrome, uno de sus activos estratégicos y puerta de entrada principal a la web. Sin embargo, el juez considera que esta petición excedía las competencias del caso. Según Mehta, el navegador no se ha usado como herramienta directa para imponer restricciones ilegales, por lo que una desinversión de esa magnitud resultaría desproporcionada.
De igual forma, ha descartado una prohibición general de los pagos de Google a terceros, argumentando que cortar esos acuerdos podría dañar a socios, mercados relacionados e incluso a consumidores.
La compañía ha mostrado su preocupación sobre el impacto que los requisitos impuestos pueda tener en "en nuestros usuarios y en su privacidad, y estamos analizando detenidamente la decisión". Esta resolución "reconoce lo mucho que ha cambiado el sector con la llegada de la inteligencia artificial, que ofrece a los usuarios muchas más formas de encontrar información. Esto subraya lo que hemos estado diciendo desde que se presentó este caso en 2020: la competencia es intensa y los usuarios pueden elegir fácilmente los servicios que desean. Por eso estamos tan en desacuerdo con la decisión inicial del Tribunal de agosto de 2024 sobre la responsabilidad".