Alphabet, la empresa matriz de Google, ha alcanzado un acuerdo preliminar por valor de 500 millones de dólares para reformar profundamente su estructura de cumplimiento normativo.
El pacto busca resolver una demanda derivada presentada por accionistas que acusaban a la compañía de incurrir en prácticas anticompetitivas en sus negocios de búsqueda, publicidad, Android y distribución de aplicaciones.
El acuerdo, que aún requiere el visto bueno de la jueza federal Rita Lin del Distrito Norte de California, no implica pago monetario a los demandantes, pero sí establece un cambio estructural significativo en la gobernanza de la compañía.
Una reestructuración para blindar el cumplimiento
La propuesta contempla la creación de un comité independiente en el consejo de administración que se encargará exclusivamente de supervisar los riesgos y el cumplimiento normativo. Hasta ahora, estas funciones estaban integradas en el comité de auditoría del consejo de Alphabet.
Además, se creará un nuevo comité ejecutivo a nivel de vicepresidente senior que reportará directamente al CEO Sundar Pichai. Este órgano se centrará en abordar de manera estratégica los desafíos regulatorios que enfrenta la empresa, en un contexto global cada vez más exigente con las tecnológicas.
La reforma busca fomentar un “cambio cultural arraigado” en Alphabet que garantice mayor responsabilidad en la toma de decisiones corporativas
El plan también incluye la formación de un comité de cumplimiento interno, compuesto por gerentes de productos de Google y expertos en cumplimiento normativo, que trabajarán de forma transversal con los distintos equipos para asegurar la implementación efectiva de las nuevas políticas.
Los cambios, según los abogados de los accionistas, representan “una transformación profunda y rara vez vista en litigios derivados”. A su juicio, la reforma busca fomentar un “cambio cultural arraigado” en Alphabet que garantice mayor responsabilidad en la toma de decisiones corporativas, especialmente en lo que respecta a su relación con los reguladores y el ecosistema competitivo digital.
Acusaciones de prácticas monopolísticas
La demanda estaba impulsada por fondos de pensiones del estado de Míchigan, que alegaban que los altos ejecutivos, incluidos los fundadores Larry Page y Sergey Brin, así como el propio Pichai, incumplieron sus deberes fiduciarios al no prevenir conductas que derivaron en investigaciones y sanciones antimonopolio.
El caso está relacionado con el prolongado escrutinio legal que enfrenta Google en Estados Unidos y otras jurisdicciones, donde se le acusa de abusar de su posición dominante en el mercado de búsqueda en línea y en tecnología publicitaria.
Este mismo lunes, el juez Amit Mehta en Washington ha concluido las audiencias de una causa paralela del Departamento de Justicia estadounidense, que propone medidas drásticas como obligar a Google a vender su navegador Chrome o compartir sus datos de búsqueda con competidores. Se espera una resolución de ese caso en agosto.
Un acuerdo sin admisión de culpabilidad
Alphabet no ha admitido ninguna irregularidad al aceptar este acuerdo, y hasta el momento no ha emitido comentarios públicos al respecto. Sin embargo, la magnitud de las reformas propuestas, junto con el compromiso financiero de 500 millones de dólares —que se aplicarán durante al menos cuatro años—, pone de manifiesto la presión que a la que se enfrenta la compañía para adaptarse a un entorno legal más riguroso.
Por su parte, los abogados de los accionistas tienen previsto solicitar hasta 80 millones de dólares en honorarios legales y costes del litigio, que se sumarían al importe total comprometido por Alphabet en esta reforma de gobernanza y cumplimiento.
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