La Chips Act, en vigor desde 2022, fijó como meta alcanzar el 20% de la producción mundial de semiconductores en 2030. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado en marzo de 2025 concluyó que ese objetivo era irrealizable con el ritmo actual de inversiones. Además, las tensiones geopolíticas y la creciente competencia de Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán y China han hecho evidente la necesidad de una estrategia más focalizada.
En este marco, los ministros de Economía e Industria de los Estados miembros han firmado en Bruselas la Declaración de la Coalición Semicon, que exige una “Chips Act 2.0” con metas más realistas y centradas en asegurar el control europeo sobre las tecnologías clave de la cadena de valor.
La declaración propone sustituir el enfoque cuantitativo del 20% de cuota de mercado por tres ejes estratégicos:
Estos objetivos deberán traducirse en métricas revisables y coordinadas entre Bruselas, los Estados miembros y los actores industriales.
La coalición Semicon establece además cinco áreas de actuación:
Los semiconductores están considerados la “columna vertebral” de la transformación digital y energética. Desde la inteligencia artificial hasta la defensa, pasando por el automóvil conectado o la transición verde, la demanda de chips no dejará de crecer. Sin embargo, la mayor parte del valor añadido sigue generándose fuera de Europa, lo que plantea riesgos de dependencia en un contexto de tensiones globales.
La unidad demostrada por los 27 Estados “es un hito para reforzar la autonomía estratégica europea y acelerar la comercialización de la innovación dentro de la UE”
El ministro neerlandés de Economía, Vincent Karremans, defiende que la unidad demostrada por los 27 Estados “es un hito para reforzar la autonomía estratégica europea y acelerar la comercialización de la innovación dentro de la UE”. También ha apuntado que Europa debe prepararse para atender las crecientes demandas de sectores clave como la IA, la automoción, la energía y la defensa.
Más de cincuenta compañías y entidades del sector, tanto europeas como internacionales, han respaldado ya la declaración, lo que refuerza la legitimidad del movimiento. Entre ellas figuran fabricantes de equipos, diseñadores de chips y proveedores de materiales que reclaman mayor rapidez en la ejecución de proyectos y una visión más pragmática para atraer inversiones.
El precedente no es halagüeño: tras el anuncio de la primera Chips Act, Intel descartó instalar en Alemania una gran planta de producción avanzada, poniendo de manifiesto la dificultad europea para competir con los incentivos públicos de otras regiones. Con el Chips Act 2.0, Bruselas busca corregir esa debilidad.
La Comisión Europea deberá ahora evaluar la declaración y presentar propuestas legislativas que traduzcan estas prioridades en medidas concretas. No existe un calendario cerrado, pero el compromiso político de los 27 Estados miembros supone una presión significativa para avanzar con rapidez.
En paralelo, se pondrán en marcha negociaciones con socios internacionales y con el sector privado para definir proyectos de I+D, cadenas de suministro seguras y mecanismos de financiación más ágiles. El éxito de esta estrategia dependerá, según los analistas, de la capacidad europea para equilibrar la autonomía estratégica con la cooperación global.