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Claves del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Bruselas cede ante Estados Unidos y dice adiós al fair share de las telecos

Europa invertirá 60.000 millones en chips estadounidenses

Por Alfonso de Castañeda
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alfondcctelycom4com/8/8/17
jueves 21 de agosto de 2025, 15:00h

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La Unión Europea ha decidido dar marcha atrás en uno de los debates más polémicos de los últimos años: la imposición de una tasa de uso de red (fair share) a las grandes tecnológicas.

En el marco del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, Bruselas ha confirmado que no aplicará ningún cargo por utilización de infraestructuras, un gesto que elimina uno de los principales puntos de fricción con el ecosistema digital norteamericano, a pesar de que es una de las grandes reclamaciones de las telecos europeas.

Esta decisión se inscribe en un pacto más amplio que busca estabilizar el comercio transatlántico y reforzar la cooperación tecnológica entre ambas potencias. La negociación culmina con un marco que establece un techo arancelario y medidas específicas para sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial y telecomunicaciones.

Chips de IA para las gigafactorías europeas

Uno de los compromisos más relevantes del acuerdo es la adquisición por parte de la Unión Europea de chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos por valor de 40.000 millones de dólares hasta 2028, impulsando la potencia de compañías como Nvidia, Intel o Broadcom, entre otras. Estos semiconductores estarán destinados a alimentar gigafactorías de computación avanzada y proyectos relacionados con IA generativa, una de las prioridades del plan europeo para acelerar la digitalización.

Este movimiento refuerza la interdependencia tecnológica entre ambos bloques, en un momento en el que la carrera por la inteligencia artificial y la soberanía digital se ha intensificado. A cambio, la UE garantiza un acceso preferente a determinados equipos para la fabricación de chips, desarrollados en su mayoría por la firma holandesa ASML, un sector donde la Ley Europea de Chips sigue marcando el ritmo de inversión y despliegue.

Aranceles limitados y exenciones para tecnología crítica

En el plano comercial, la Unión Europea y Estados Unidos han acordado un límite arancelario del 15% para la mayoría de las exportaciones, incluyendo automoción, productos farmacéuticos y, de manera destacada, semiconductores. Esta cifra funcionará como techo, lo que aporta previsibilidad a un sector que requiere inversiones a largo plazo.

Además, se ha adoptado un régimen “cero por cero” para productos estratégicos, que exime de aranceles a equipos de fabricación de semiconductores, componentes aeronáuticos y determinados químicos.

Coordinación en normativas digitales y ciberseguridad

El acuerdo no se limita a aranceles, también abarca cuestiones regulatorias. Bruselas ha asegurado que no impondrá tasas por uso de red, descartando así el modelo del fair share que defendían los operadores europeos y que Estados Unidos consideraba discriminatorio para las grandes tecnológicas. Esta decisión despeja incertidumbres en torno al futuro de las inversiones en infraestructura digital.

Además, el pacto incluye un compromiso para avanzar en reconocimiento mutuo de certificaciones en telecomunicaciones y ciberseguridad. Los organismos estadounidenses podrán actuar como entidades notificadas bajo la Directiva de Equipos de Radio, lo que facilita la entrada de dispositivos en el mercado europeo. A esto se suma la intención de negociar un acuerdo específico de ciberseguridad, un paso clave para garantizar la interoperabilidad en redes y dispositivos conectados, así como el intercambio de datos personales entre ambas potencias.

Otro de los puntos estratégicos es la cooperación en digitalización de procesos aduaneros y en la implementación de la futura reforma aduanera europea, con el objetivo de reducir costes y simplificar trámites para empresas tecnológicas. El acuerdo también aborda ajustes en normativas como la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) y la Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), con el fin de reducir cargas administrativas y responder a las inquietudes de compañías estadounidenses sobre su aplicación extraterritorial.

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