El anuncio lo ha realizado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada en Vitoria-Gasteiz bajo la presidencia del rey Felipe VI.
La adhesión sitúa a España junto a más de 250 gobiernos y organizaciones civiles de todo el mundo que han firmado este compromiso para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través del uso de datos abiertos. El ministro ha subrayado que esta incorporación refuerza el compromiso nacional con los principios del Gobierno Abierto y con la estrategia de Estado Abierto impulsada junto a la OCDE.
Durante su intervención, López ha destacado que España “ha aprobado el quinto Plan de Gobierno Abierto, el más ambicioso hasta la fecha”, una hoja de ruta que persigue fortalecer la transparencia y la colaboración entre administraciones. La Cumbre Global, que ha reunido a más de 2.000 expertos, líderes y organizaciones civiles, ha servido además como marco para la adopción de la Declaración de Vitoria-Gasteiz, un compromiso internacional en defensa de la democracia y la gobernanza abierta.
El ministro ha subrayado la relevancia de este documento en un contexto global de desinformación y polarización, recordando que “la democracia es el mayor tesoro de la civilización después de la vida misma”.
La Carta Internacional de Datos Abiertos, lanzada en 2015, establece un conjunto de principios para orientar a los gobiernos en la creación de políticas de datos abiertos responsables, sostenibles y centradas en el impacto social. Su filosofía parte de un principio esencial: los datos públicos deben ser abiertos por defecto, salvo cuando existan motivos legítimos, como la privacidad o la seguridad nacional, que justifiquen su restricción.
El texto defiende, además, que los datos deben ser oportunos, completos y actualizados
El texto defiende, además, que los datos deben ser oportunos, completos y actualizados, y presentarse en formatos abiertos, accesibles e interoperables. Esto implica eliminar barreras técnicas o legales que impidan su reutilización, y fomentar estándares comunes que permitan la comparación entre diferentes fuentes.
Con este enfoque, la Carta busca transformar los datos en un recurso público de valor, capaz de alimentar la innovación, mejorar los servicios públicos y fortalecer el control ciudadano sobre la gestión gubernamental. En la práctica, su implementación promueve ecosistemas de colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil, contribuyendo a una gobernanza más eficiente y basada en la evidencia.