El objetivo central ha sido avanzar hacia una legislación que combine eficacia, consenso político y corresponsabilidad entre familias, administraciones y plataformas tecnológicas.
Durante la apertura del encuentro, el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, ha alertado sobre la creciente exposición de los menores a riesgos digitales. En este sentido, ha citado que seis de cada diez adolescentes acceden a contenidos pornográficos, muchos antes de los ocho años, y que los casos de ciberacoso han aumentado un 37% en el último año.
“La protección de la infancia es una condición para la innovación, no un freno”
“La protección de la infancia es una condición para la innovación, no un freno”, subraya, insistiendo en que la futura Ley Orgánica debe ser una norma “urgente y eficaz”, con responsabilidades claramente definidas a lo largo de toda la cadena de valor digital.
Sánchez Galindo ha defendido que los desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben desempeñar un papel central en la implementación de sistemas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso. Además, ha pedido que la ley contemple la retirada inmediata de contenidos ilícitos y que se alineen las medidas con la Digital Services Act (DSA) europea.
El debate político en la jornada ha mostrado una coincidencia general sobre la necesidad de una regulación eficaz, aunque con matices entre los grupos parlamentarios. Desde el PP, Juan Luis Pedreño ha cuestionado la aplicabilidad del texto actual y ha pedido una estrategia nacional coordinada con Europa para evitar “una falsa sensación de seguridad”. Adriana Maldonado (PSOE), por su lado, ha defendido que España debe situarse a la altura de los países líderes en protección digital infantil y ha recordado que el Parlamento Europeo fija en 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales.
Por su parte, Alberto Rodríguez Almeida (Vox) ha reivindicado el papel de las familias en la educación digital y ha advertido contra el riesgo de un “control estatal excesivo”, mientras que Nahuel González (Sumar) ha propuesto limitar el poder de las grandes tecnológicas y promover una alfabetización digital crítica. Desde el PNV, Nerea Rentería ha defendido una coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando la diversidad cultural y lingüística.
En la mesa social, las organizaciones Save the Children, UNICEF y Fundación SOL han coincidido en que la protección de la infancia en el entorno digital requiere una corresponsabilidad real entre familias, administraciones y plataformas. Así, han subrayado la urgencia de mecanismos efectivos de verificación de edad, educación digital y afectivo-sexual, mayor transparencia en las plataformas y más recursos para reducir las brechas digitales. También han insistido en que la inteligencia artificial debe ser regulada con enfoque estructural, teniendo en cuenta su impacto en la exposición y privacidad de los menores.
En la clausura del acto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que el 94% de la ciudadanía respalda una regulación del acceso de los menores a entornos digitales. Así, ha anunciado que el Gobierno impulsará sistemas eficaces de verificación de edad en colaboración con el sector tecnológico y que España promoverá el debate a nivel europeo para convertir la futura ley en un “referente continental y garante de los derechos digitales de la infancia”.
El presidente de DigitalES, Federico Linares, ha cerrado la jornada reclamando una ley “ambiciosa y aplicable” que asigne responsabilidades a todos los actores de la cadena digital, especialmente a quienes diseñan los entornos en los que los menores interactúan. En sus palabras, “los riesgos digitales nacen en espacios globales que deben ser repensados con la protección infantil como prioridad”.