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DigitalES Summit 2025

Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, durante su intervención en el DigitalES Summit 2025
Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, durante su intervención en el DigitalES Summit 2025 (Foto: Alfonso de Castañeda)

El Gobierno pide una norma europea para verificar la edad para acceder a redes sociales

Por Alfonso de Castañeda
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alfondcctelycom4com/8/8/17
miércoles 18 de junio de 2025, 18:25h

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha aprovechado su intervención en el congreso anual de la patronal DigitalES para anunciar una iniciativa comunitaria impulsada junto a Grecia y Francia para implementar mecanismos obligatorios de verificación de edad para acceder a redes sociales.

Esta iniciativa, presentada junto con otros diez países de la Unión Europea y la región belga de Valonia, se traduce en una petición formal a la Comisión Europea para la implantación de mecanismos obligatorios y eficaces de verificación de edad para acceder a redes sociales.

La solicitud se enmarca en una estrategia conjunta impulsada por España, Grecia y Francia, cuyo primer paso se dio en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE celebrado el pasado 6 de junio en Luxemburgo. En esa sesión, varios Estados miembros mostraron su respaldo a una serie de medidas destinadas a crear un entorno digital más seguro para la infancia. Entre ellas destaca la exigencia de sistemas de verificación de edad más sólidos que los actuales, basados simplemente en declaraciones voluntarias del usuario.

A la iniciativa se han sumado oficialmente Austria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Valonia, con Dinamarca como país clave, dado que asumirá próximamente la presidencia de turno del Consejo de la UE y ha anunciado que priorizará esta cuestión.

Llamamiento a abandonar el statu quo digital

La carta, firmada por el ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, está dirigida a Henna Maria Virkkunen y Roxana Mînzatu, vicepresidentas de la Comisión Europea y reclaman a Bruselas que abandone el actual marco permisivo y adopte un enfoque más riguroso ante los riesgos digitales que enfrentan los menores.

“La verificación de edad efectiva debe ser obligatoria”, señala el texto, al tiempo que propone soluciones concretas, como el uso de identidades digitales oficiales. España, en este sentido, está probando la aplicación Cartera Digital Beta, en línea con los estándares del reglamento eIDAS2, como base tecnológica para garantizar un acceso seguro y respetuoso con la privacidad.

“Nos preocupa la transformación digital, pero también nos ocupamos de sus riesgos”

Durante su intervención en el DigitalES Summit 2025, celebrado en Madrid, Óscar López ha recordado que uno de cada tres menores pasa más de tres horas diarias en redes sociales, según datos oficiales. “Nos preocupa la transformación digital, pero también nos ocupamos de sus riesgos”, asegura. El ministro ha defendido que el Gobierno no ignora el efecto que el consumo intensivo de estas plataformas puede tener sobre el sueño, el rendimiento académico o la salud mental de los menores.

La propuesta conjunta también contempla la introducción de una edad mínima digital armonizada a nivel europeo, aunque dejando libertad a cada Estado para definirla dentro de un marco común. Además, se pide que todos los dispositivos con conexión a Internet disponibles en el mercado cuenten con sistemas integrados de verificación de edad y control parental.

Otro eje del proyecto es la limitación de elementos de diseño digital considerados adictivos o persuasivos. En este punto, los países firmantes recomiendan minimizar funcionalidades como la reproducción automática, las ventanas emergentes o la personalización intensiva de contenidos, especialmente cuando se dirigen a usuarios menores de edad.

“Hoy, España es el bastión suroeste de la soberanía digital europea”, ha concluido el ministro, apelando al uso de los fondos europeos y la colaboración público-privada como motores del desarrollo tecnológico con responsabilidad social.

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