Australia se ha convertido en el primer país del mundo en aplicar una prohibición estricta del acceso de menores de 16 años a las principales redes sociales, una medida que observan con atención reguladores y gobiernos de todo el mundo.
A pocas semanas de la entrada en vigor de esta normativa, Meta ha hecho balance de su impacto inicial, revelando el bloqueo de más de medio millón de cuentas en Facebook, Instagram y Threads, y abriendo un debate sobre la eficacia real del modelo elegido para proteger a los menores en el entorno digital.
Según ha detallado Meta en una actualización oficial sobre su cumplimiento normativo, entre el 4 y el 11 de diciembre de 2025 la compañía eliminó el acceso a un total de 544.052 cuentas que, de acuerdo con sus sistemas, pertenecían a usuarios menores de 16 años. De ellas, 330.639 correspondían a Instagram, 173.497 a Facebook y 39.916 a Threads, una distribución que refleja el peso relativo de cada plataforma entre el público más joven.
Estas cifras marcan el primer gran test operativo de una ley que obliga a las plataformas a impedir de forma activa la presencia de menores, sin excepciones por consentimiento parental. Se trata de un enfoque inédito a escala global, más restrictivo incluso que las iniciativas impulsadas en Estados Unidos o en la Unión Europea.
Meta ha reiterado que cumple la ley y que seguirá refinando sus mecanismos de detección, aunque mantiene sus reservas sobre la ausencia de un estándar industrial común para la verificación de edad en internet. En este sentido, la compañía ha anunciado su participación como socio fundador en la OpenAge Initiative, una organización sin ánimo de lucro que impulsa sistemas de verificación interoperables y respetuosos con la privacidad.
Dentro de esta iniciativa se han presentado las denominadas AgeKeys, señales de edad verificadas que se almacenan en el dispositivo del usuario y pueden compartirse con distintas plataformas sin revelar información personal adicional. Meta prevé integrar esta tecnología en sus aplicaciones a lo largo de 2026, aunque subraya que, incluso con estos avances, la verificación sigue produciéndose aplicación por aplicación.
Desde la entrada en vigor de la norma australiana, han surgido críticas tanto desde el sector tecnológico como desde expertos en juventud y salud mental. Meta recoge en su análisis varias preocupaciones compartidas por investigadores y asociaciones, entre ellas el riesgo de aislar a colectivos vulnerables, como jóvenes de entornos rurales o comunidades LGBTQ+, que utilizan las redes como espacios de apoyo y socialización.
Asimismo, se advierte de un posible desplazamiento de los menores hacia plataformas menos reguladas o a usos anónimos y sin protección, un fenómeno que algunos analistas describen como un efecto “whack-a-mole”, en el que los adolescentes buscan alternativas para esquivar la restricción sin garantías de seguridad equivalentes.
Frente al veto directo, la compañía insiste en que la verificación de edad y el control parental deberían realizarse a nivel de las tiendas de aplicaciones, un planteamiento que, a su juicio, permitiría una protección coherente y transversal, independientemente de la red social o servicio utilizado. Este modelo, según Meta, reduciría la fragmentación de criterios, aliviaría la carga técnica sobre cada plataforma y garantizaría una aplicación uniforme en todo el ecosistema digital.
Además, la empresa cuestiona uno de los fundamentos de la ley: la idea de evitar la exposición de los menores a algoritmos. Según explica, incluso el acceso sin cuenta sigue implicando sistemas algorítmicos, aunque menos personalizados, lo que limita el impacto real de la prohibición.